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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Juzgado de Letras del Trabajo acogió una acción de tutela laboral presentada por una nutricionista que solicitó su traslado del CESFAM Jorge Sabat al de Las Ánimas debido a malos tratos sin resolver. El municipio de Valdivia vulneró sus derechos fundamentales, según el tribunal. La afectada fue excluida de un concurso y se demostró que otro empleado denunciado por maltrato seguía en el proceso. La sentencia ordena al municipio detener conductas vulneratorias, finalizar el proceso evaluativo de la profesional, ofrecer atención psicológica y pagar $3 millones por daño moral, además de capacitar a jefaturas en derechos fundamentales.

El Juzgado de Letras del Trabajo acogió una acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, interpuesta por una nutricionista que pidió su traslado del CESFAM Jorge Sabat al de Las Ánimas, por malos tratos denunciados sin resolverse en el primer recinto asistencial.

El Tribunal tuvo por acreditado que el municipio de Valdivia vulneró la integridad psíquica de la profesional, el derecho a la libertad de trabajo y el principio de no discriminación arbitraria.

Al respecto, el abogado demandante, Jaime Gallardo, explicó que algunos directivos del Departamento de Salud Municipal la excluyeron de un concurso a un cargo al que no pudo acceder, al establecer una cláusula con la obtención de forma irregular de información sobre una prescripción de la afectada en una mutualidad.

Por otro lado, el organismo mantuvo en el proceso a otra persona denunciada por maltrato.

“Este conjunto de hechos va marginando a mi representada, obligándola a cambiarse de un CESFAM a otro y siendo dispuesta a situaciones de este tema que naturalmente han afectado su integridad psíquica, hechos acreditados a través de informes policiales y antecedentes médicos”, sostuvo.

A ello, complementó: “Estamos satisfechos con una resolución de este tipo. Naturalmente, entendemos que se trata de un fallo de primera instancia”.

El fallo ordena al municipio cesar de inmediato y no incurrir en cualquier conducta vulneratoria; que concluya el proceso calificatorio de la profesional y gestionar con la mutualidad la atención psicológica o psiquiátrica de esta, e indemnizarla en $3 millones por daño moral.

Junto con ello, se instruyó a realizar cursos de capacitación en derechos fundamentales, prevención de acoso y buen trato laboral a jefaturas y directivos de ambos CESFAM, en un plazo de 60 días una vez ejecutada la sentencia, momento en que además el tribunal enviará los antecedentes a la Contraloría.

Desde el Departamento de Salud Municipal informaron que no se pronunciarán sobre esta causa, ya que se encuentran analizando dicha sentencia que —precisan— no se encuentra firme ni ejecutoriada, y así evaluar las acciones a seguir.