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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Tras 121 jornadas, culminó la presentación de la prueba de cargo en el juicio de la Operación Huracán en Temuco, donde 11 acusados, 10 de ellos funcionarios de Carabineros, enfrentan cargos por asociación ilícita y otros delitos. La Fiscalía presentó 247 testigos y miles de medios de prueba. Ahora comienza la fase de defensa, agendada hasta diciembre, con la Fiscalía solicitando penas de 5 a 25 años de cárcel.

El proceso que busca establecer responsabilidades por la supuesta manipulación de evidencias que en 2017 llevaron a la detención de dirigentes mapuche.

Terminó la presentación de la prueba de cargo en el juicio derivado de la fallida Operación Huracán que desde marzo de este año se está desarrollando en el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco.

Luego de 121 jornadas de audiencia, ayer martes el Ministerio Público y los querellantes, terminaron con la presentación ante los jueces orales, de la prueba de cargo en contra de los 11 acusados en esta causa, 10 de ellos funcionarios de Carabineros.

El fiscal del Ministerio Público de Coyhaique, Jaime Rojas, quien integra el equipo que sostiene la acusación en esta causa, confirmó a La Radio, el término de la presentación de su prueba.

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Este miércoles la audiencia se reanuda con la presentación de la prueba de las defensas de los acusados, en un juicio que al momento está agendado termine la segunda quincena de diciembre.

Cabe mencionar que, el juicio oral está programado para unas 99 jornadas, donde el Ministerio Público presentará 247 testigos y miles de medios de prueba, a lo que se suman las que expondrán los defensores.

En esta causa hay 11 acusados, 10 de ellos oficiales y suboficiales de Carabineros y un civil, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público entre otros delitos. Esto, luego que se detuviera en 2017 a una docena de dirigentes mapuches en base a pruebas falsas, buscando responsabilizarlos de numerosos hechos de violencia en la macrozona sur.

La Fiscalía está pidiendo penas distintas que van desde los 5 años de presidio a 25 años de cárcel.