Contratistas forestales acusaron el incumplimiento de un acuerdo por parte de la Delegación Presidencial de La Araucanía, el que consistía en crear una mesa de trabajo relacionada a medidas de seguridad, razón por la que acudieron a la Corte de Apelaciones de Temuco, la que solicitó un informe al organismo. En tanto, el delegado Victor Manolí desmintió la situación, indicando que "siempre han habido avances".
Contratistas forestales acusaron que la Delegación Presidencial de La Araucanía incumplió un acuerdo ordenado por la Corte Suprema en 2020, el que consistía en la formación de una mesa de trabajo en búsqueda de medidas de seguridad. Por esta razón, acudieron a la Corte de Apelaciones de Temuco.
En respuesta a la acción de los contratistas, el Tribunal pidió un informe de cumplimiento a la Delegación, considerando la orden por parte de la Suprema en favor de los forestales, luego de que ésta acogiera un recurso de protección presentado por la Asociación que los reúne.
A más de un año de la instrucción judicial del máximo tribunal del país, que data de julio de 2020, las autoridades no habrían cumplido con lo ordenado, específicamente con la instalación de una mesa de trabajo.
Por lo anterior, los contratistas recurrieron a la Corte de Apelaciones de Temuco, que si bien rechazó repetir el fallo, pidió un informe de cumplimiento a la Delegación Presidencial, según detalló René Muñoz, presidente de la Agrupación de Contratistas Forestales.
En tanto, el delegado Presidencial, Víctor Manoli, rechazó el reclamo, aseverando que la mesa está instalada.
“Siempre han habido avances. Lo que pasa es que cuando se pide resguardo policial para cada faena, es imposible, porque hoy día la función de carabinero no alcanza para cubrir todas las necesidades que ha cada uno le gustaría”, señaló.
El 30 de julio del 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección, presentado en 2019 por la Asociación en contra de la entonces Intendencia de La Araucanía, que estaba a cargo de Jorge Atton Parra, ordenando, entre otras medidas, la constitución de una mesa de trabajo preventivo para la adopción de medidas de seguridad adecuadas para las empresas contratistas forestales que operan en La Araucanía.
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