El vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Javier Mora, justificó la medida adoptada por la jueza de garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, quien cambió las medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario a cinco reclusos con nexos con el Tren de Aragua.
Según Mora, la jueza actuó de acuerdo “a las reglas propias y vigentes en el proceso penal chileno”.
A juicio del dirigente del gremio, en la audiencia en que se vieron las cautelares, y luego de haber requerido los antecedentes “al fiscal que actuó en representación del Ministerio Público en esa audiencia y ante la ausencia de los mismos, según hemos podido conocer los últimos días, la magistrada decide modificar la prisión preventiva por otra medida cautelar menos gravosa, previo pago de una caución, la que recién vino a ser enterada al día siguiente de dictada la resolución”.
El magistrado recalcó que es importante que la ciudadanía conozca que “ese fue el devenir de la causa y que es importante comprender que esta se dictó dentro de un procedimiento sustanciado conforme a la ley”.
Por ello, dijo que “las amenazas o los requerimientos sufridos por la jueza que dictó la resolución no resultan admisibles en una sociedad como la nuestra”.
Jueza de Los Vilos
Cabe recordar que la audiencia de revisión de cautelares se desarrolló en el Tribunal de Garantía de Los Vilos, el lunes 3 de junio, y terminó con la revocación de la prisión preventiva de cinco sujetos que formarían parte del Tren de Aragua. Son acusados de ser los responsables del secuestro de un comerciante en Pichidangui, en diciembre de 2023.
En la oportunidad, el abogado asistente, Luis Soto, reconoció no conocer a cabalidad la causa, lo que llevó a la magistrada a cambiar las cautelares.
Cuando la magistrada Pinto se refirió a esta causa como “emblemática”, hacía alusión a que, según los antecedentes del caso, un comerciante de nacionalidad venezolana había sido secuestrado por estos sujetos en dos ocasiones, la última, siendo trasladado hasta la comuna de Punitaqui y posteriormente a Valparaíso, donde fue liberado días más tarde, luego del pago de 31 millones de pesos.
En adelante, y tras una exhaustiva investigación, se detuvo a siete individuos, todos extranjeros con situación irregular en el país, que fueron enviados a prisión preventiva.
Siete meses después de estas detenciones, el 3 de mayo pasado, los defensores de estos detenidos solicitaron una audiencia para revisar las cautelares y solicitar cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario, lo que fue concedido por la jueza Daniella Pinto, por los motivos antes expuestos.
En la actualidad, tres de ellos se encuentran en prisión preventiva nuevamente, mientras que dos permanecen fugados y con órdenes de detención.
Investigación
Cabe recordar que el viernes de la semana pasada, el fiscal nacional, Ángel Valencia, tomó la decisión de designar al fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, para encabezar una investigación penal por lo ocurrido en el Tribunal de Garantía de Los Vilos.
Posteriormente, el lunes recién pasado, el mismo fiscal nacional determinó que la causa que se lleva en la fiscalía local de Los Vilos, pasara a manos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien tiene la misión de dirigir la investigación penal del caso.
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