Nuevos antecedentes se suman a la investigación que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, luego de que se conocieran pagos por $27 millones provenientes de dos inmobiliarias que mantenían causas vinculadas a sus proyectos en el máximo tribunal.
Una investigación de Reportea reveló que los dineros fueron transferidos mientras Vivanco integraba la Tercera Sala de la Corte Suprema, instancia que conocía causas relacionadas con dichas empresas.
Según la publicación, $15 millones provinieron de Inmobiliaria Argenta y otros $12 millones de Inmobiliaria Alta Vista Pucón.
Aunque las transferencias coinciden temporalmente con la tramitación de estas causas, los pagos, por sí solos, no acreditan la existencia de una contraprestación ilícita.
La controversia por la declaración de Migueles
La revelación se suma a otro flanco judicial: la filtración de la declaración que Migueles entregó ante la Fiscalía, cuyo contenido ha generado cuestionamientos de las defensas.
Los abogados de Ángela Vivanco presentaron una cautela de garantías, acusando que el testimonio permanecía bajo reserva hasta el 6 de octubre y que, pese a ello, la prensa difundió antecedentes a los que las defensas no habrían tenido acceso.
En el requerimiento, cuestionaron que el contenido se hiciera público antes de que los intervinientes pudieran revisarlo y advirtieron una eventual infracción al artículo 182 del Código Procesal Penal, que regula el secreto de las actuaciones de investigación.
La audiencia quedó fijada para el próximo 30 de octubre. Desde la Defensoría Pública señalaron que se pronunciarán sobre el requerimiento durante esa instancia y que no emitirán comentarios antes de la audiencia.
Los cuestionamientos también surgieron desde la defensa de Eduardo Lagos Herrera. Su abogado, Marcelo Abujiar, puso en duda las circunstancias en que se conoció el nuevo testimonio de Migueles y aseguró que las defensas todavía no han podido acceder a la declaración completa.
“Es una declaración contradictoria a todas las versiones anteriores que había entregado y que la utiliza y la realiza precisamente para condicionar la sustitución de libertad, para sustituirla por el arresto domiciliario total. Por lo tanto, son varios los antecedentes que hay que valorar más allá de simplemente lo literal de la declaración, sino en el contexto que se da”, sostuvo.
Los eventuales beneficios judiciales
La controversia se produce luego de que Migueles dejara la prisión preventiva el pasado 30 de septiembre, cuando el tribunal sustituyó esa medida cautelar por arresto domiciliario total.
Su nueva declaración también abre interrogantes sobre los eventuales beneficios penales a los que podría acceder si se acredita una colaboración sustancial con la investigación.
El académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, explicó que Migueles podría buscar una reducción de su eventual condena mediante su cooperación con el Ministerio Público.
“Así, en el futuro, al comparecer formalmente con ánimo de cooperar en la causa, busca consolidar la atenuante de colaboración sustancial, lo que faculta rebajar la sanción hasta en dos grados. Con esta base normativa, Migueles se allana a un procedimiento abreviado bajo el artículo 406 del Código Procesal Penal, o el cumplimiento en libertad mediante las penas sustitutivas de la Ley 18.216, eludiendo una condena de presidio efectivo”, explicó.
De esta manera, los nuevos antecedentes amplían los cuestionamientos en torno a los vínculos económicos de Migueles con empresas que mantenían controversias judiciales relacionadas con sus proyectos.
Con Argenta y Alta Vista Pucón, son tres las inmobiliarias cuyos vínculos con el entorno de Vivanco han quedado bajo escrutinio, incluyendo a Fundamenta, cuyos antecedentes ya son objeto de una investigación penal.
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