La Fiscalía y la querellante del caso Monsalve iniciaron una ofensiva judicial para adelantar la audiencia de preparación del juicio oral contra el exsubsecretario, fijada para marzo de 2027.
Sin embargo, la controversia dejó al descubierto un problema que va más allá de esta causa: la sobrecarga de los tribunales y una agenda judicial que obliga a esperar meses para concretar una audiencia.
Tanto el Ministerio Público como la abogada querellante presentaron recursos de apelación para intentar revertir la postergación de la audiencia de preparación del juicio oral contra Manuel Monsalve, que quedó programada para el próximo 3 de marzo.
Originalmente, la instancia debía realizarse el 5 de octubre, pero fue suspendida luego de que el tribunal advirtiera que la acusación particular no había sido notificada a la defensa dentro del plazo legal.
Aunque la jueza intentó encontrar una fecha más próxima, la falta de disponibilidad de salas impidió adelantar su realización.
Ahora, los acusadores buscan que la Corte de Apelaciones de Santiago revise la decisión, considerando que la investigación lleva cerca de dos años y que, de mantenerse el calendario, el juicio oral podría comenzar recién a mediados de 2027.
Sin embargo, la ofensiva judicial enfrenta un obstáculo que no depende exclusivamente de la voluntad de los tribunales: la disponibilidad de salas y jueces para desarrollar una audiencia de estas características.
El académico de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, advirtió que cuestionar la demora no necesariamente permite resolver el problema de fondo.
A su juicio, si la dificultad responde a la falta de salas, la Corte podría compartir los argumentos de los acusadores, pero sin disponer de herramientas concretas para modificar el calendario.
“La Corte de Apelaciones puede compartir ese criterio, puede compartir esa preocupación y aun así no disponer de una solución concreta y jurídicamente viable. Recordemos que la jueza de garantía intentó encontrar una fecha anterior; este dato, a mi entender, favorece la posición del tribunal, pues permite sostener que la demora no fue una decisión discrecional”, indicó.
Una limitación que también advierte el exfiscal Claudio Uribe, quien recordó que los tribunales de Santiago enfrentan una elevada carga de trabajo, particularmente el Séptimo Juzgado de Garantía.
En ese contexto, explicó que una audiencia de preparación de juicio oral de esta magnitud puede requerir una sala y un juez durante varias semanas, dificultando su incorporación a una agenda que ya se encuentra comprometida.
“Definitivamente lo que se está pidiendo acá es hacer una excepción respecto de lo que son reglas generales en materia de programación. Acá todos los intervinientes de las distintas causas estamos sometidos a los tiempos del tribunal, nos guste o no nos guste, nos parezcan justas o no, y no veo por qué en esta causa, por mediática que sea, se va a hacer una excepción”, señaló.
Pero la controversia no se limita a la disponibilidad de salas. También existe una discusión respecto de las posibilidades procesales de modificar la fecha establecida por el tribunal.
Rodrigo Lazo, exfiscal y académico de la Universidad Finis Terrae, sostuvo que la resolución quedó firme al no ser impugnada oportunamente durante la audiencia, por lo que una eventual modificación también debería considerar los derechos del imputado.
“Esa audiencia se va a tener que desarrollar en el día fijado por el tribunal, porque ya quedó firme la resolución, es decir, nadie la impugnó dentro de la misma audiencia”, sentenció.
De esta manera, el intento por acelerar el caso Monsalve abrió una discusión que trasciende la investigación contra el exsubsecretario y pone nuevamente en evidencia las dificultades que enfrenta el sistema judicial para responder a causas complejas en plazos oportunos.
Por ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago no ha fijado una fecha para revisar los recursos. Su pronunciamiento será clave para determinar si la preparación del juicio oral puede adelantarse o si uno de los casos de mayor repercusión pública de los últimos años deberá continuar ajustándose a los tiempos de una agenda judicial sobrecargada.
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