Diputados del Partido Republicano exigieron suspensión para los funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica y pidieron que sus sumarios deriven en salidas del servicio público. Asimismo, acusaron que estas personas se “sirvieron del Estado” y solicitaron que los recursos involucrados sean recuperados para el Fisco.
Lo anterior ocurre luego de conocerse un nuevo informe del ente contralor, que detectó a más de 4.500 funcionarios públicos que viajaron con licencia médica en dos de los tres años revisados, entre 2023 y 2025. Además, de otros 566 que lo hicieron durante los tres años.
En este escenario, los diputados republicanos Sebastián Cristoffanini, Claudia Reyes y Daniel Bustos sostuvieron que esto evidencia un aprovechamiento del sistema que “le ha significado un grave detrimento a las arcas fiscales”.
Por ello, hicieron un llamado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a querellarse contra los involucrados y solicitar que se realicen juicio de cuentas para recuperar los recursos.
La diputada Claudia Reyes subrayó que lo revelado por Contraloría “es un grave perjuicio contra el Fisco, ya que son licencias que se tienen que pagar, pero ahora nos damos cuenta de que no había justificación para aquello”.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos para cubrir el gustito de funcionarios que se dicen ser públicos, en lugar de haberlos orientado en las reales necesidades de las familias más vulnerables y de clase media, que bastante mal lo han pasado estos últimos años”, añadió.
Por su parte, el diputado Sebastián Cristoffanini aseguró que el uso malicioso de licencias médicas ha derivado en diversas problemáticas para el funcionamiento del Estado.
“Ha sido un dolor de cabeza no solo para el Estado, que debe ir reemplazando profesionales y, muchas otras veces, no logra cubrir los puestos, lo que se traduce en que no solo no se le pueden resolver los problemas de la ciudadanía, sino que hay atrasos importantes en la implementación y ejecución de políticas públicas diseñadas para mejorar la calidad de vida de los chilenos”, indicó.
En tanto, el diputado Daniel Bustos apuntó a los funcionarios involucrados como responsables, a su juicio, de que el Estado no llegue a todos los lugares donde debe estar.
“Ellos pensaron en su bienestar personal, en lugar de ayudar a que la economía crezca y se puedan generar nuevos puestos de trabajo. En pocas palabras, en lugar de servir, se sirvieron del Estado”, lamentó.
Finalmente, los legisladores sostuvieron que esperan que los sumarios instruidos por Contraloría se desarrollen con la máxima premura y que se adopten las medidas correspondientes contra quienes resulten responsables, con el objetivo de apartar de los organismos públicos a quienes calificaron como “malos elementos”.
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