TC suspendió cuadernos de remoción contra 6 jueces, de los 58 que revisa la Corte Suprema

En una jornada de alta expectación, y mucho secretismo, la Corte Suprema comenzó la revisión de los cuadernos de remoción contra jueces que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero.

Los casos serán revisados individualmente y una vez finalizada la vista de todos los procedimientos programados, los ministros procedan a votar cada uno de ellos. Será blanco o negro: se quedan o son expulsados.

El Pleno de la Corte Suprema comenzó una maratónica revisión de los cuadernos de remoción abiertos contra integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, en una jornada inédita por la cantidad de procedimientos que serán analizados de manera sucesiva por el máximo tribunal.

En total fueron abiertos 58 cuadernos de remoción. Sin embargo, 6 de estos procedimientos se encuentran actualmente suspendidos luego de que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera las solicitudes respectivas.

Se trata de los casos de Jorge Saavedra, juez del Tribunal de Familia de Antofagasta; Katrina Chahín, del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago; Macarena Bobadilla, del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco; Juan Manuel Gatica, del Juzgado de Garantía de Pichilemu; Erna Fuentes, de la Secretaría del Poder Judicial; y Eduardo Fritz, ex juez de Garantía del Maule.

Las defensas de estos magistrados están a cargo de tres abogados. Carlos Quezada representa a Jorge Saavedra; Carlos Pereira, a Katrina Chahín; mientras que Ciro Colombara concentra la representación de los otros cuatro magistrados: Macarena Bobadilla, Juan Manuel Gatica, Erna Fuentes y Eduardo Fritz.

El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, explicó que la suspensión de estos procedimientos fue comunicada por el Tribunal Constitucional y que, por ahora, el Pleno continuará con la revisión de los restantes cuadernos.

Las audiencias comenzaron a las 10:30 horas y fueron programadas hasta el viernes, aunque la Corte podría extender el trabajo durante la próxima semana si resulta necesario para completar las vistas.

Durante las audiencias, los magistrados y sus abogados pueden presentar alegatos y ejercer su derecho a defensa. Se trata de procedimientos reservados, debido a que los antecedentes involucran aspectos relacionados con la conducta funcionaria y situaciones personales de los jueces.

La Corte Suprema, además, dispuso que los casos sean revisados individualmente y que, una vez finalizada la vista de todos los procedimientos programados, los ministros procedan a votar cada uno de ellos.

Precisamente, uno de los principales argumentos que han planteado las defensas apunta a la existencia de investigaciones administrativas previas en algunos casos, que terminaron con la absolución o el sobreseimiento de los magistrados.

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a uno de los ministros sometidos al procedimiento, el magistrado de la Corte de Arica, José Delgado, sostuvo que en su caso incluso existió una absolución que posteriormente fue ratificada por unanimidad por el propio Pleno de la
Corte Suprema.

Una línea similar planteó el abogado Jonathan Valenzuela, quien representa a otro de los magistrados.

El defensor reconoció que existen casos en los que previamente se realizaron sumarios administrativos que terminaron sin sanciones y que, posteriormente, dieron paso a la apertura de un cuaderno de remoción en virtud de la facultad que el artículo 80 de la Constitución entrega a
la Corte Suprema.

Desde la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, su presidente Marcelo Acevedo llamó al máximo tribunal a analizar los antecedentes particulares de cada magistrado y a no aplicar un criterio uniforme para todos los casos.

La organización sostiene que existen situaciones de distinta gravedad y que algunos jueces cuentan con antecedentes administrativos favorables que deberían ser considerados antes de adoptar una eventual decisión de remoción.

Acevedo advirtió además que una eventual remoción generalizada, sin una adecuada ponderación de los antecedentes de cada caso, podría incluso abrir la puerta a cuestionamientos posteriores en instancias internacionales y eventualmente comprometer la responsabilidad del Estado.

El procedimiento que comenzó hoy se origina en la facultad establecida en el artículo 80 de la Constitución, que permite a la Corte Suprema declarar que los jueces no han tenido un buen comportamiento y, en determinadas circunstancias, disponer su remoción.

Aunque se trata de una atribución que el máximo tribunal ya ha ejercido anteriormente, la dimensión de este proceso marca una diferencia respecto de casos anteriores por la cantidad de magistrados involucrados.

Así, el desafío para la Corte Suprema durante las próximas jornadas será revisar individualmente los antecedentes, escuchar los argumentos de las defensas y determinar posteriormente si existen razones suficientes para mantener a cada magistrado en sus funciones o disponer su remoción.

Las decisiones no se conocerán inmediatamente después de cada audiencia. El Pleno deberá completar primero la vista de los casos incluidos en la programación y posteriormente procederá a la votación de cada uno. En paralelo, los seis procedimientos suspendidos permanecerán a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.