El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su preocupación por los procesos de remoción iniciados contra 56 jueces en Chile por viajes al extranjero durante licencias médicas, advirtiendo que reabrir hechos ya investigados podría vulnerar el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial.
El pronunciamiento se conoce a horas de que la Corte Suprema comience a revisar los denominados cuadernos de remoción, luego de que en junio resolviera iniciar procedimientos contra los magistrados. El máximo tribunal fijó para este miércoles la revisión de los 56 casos, en una jornada que se desarrollará de manera reservada.
El origen del caso está en un informe de Contraloría que detectó que funcionarios públicos de distintas reparticiones del Estado viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica entre 2022 y 2024.
A partir de esos antecedentes, la Corte Suprema ordenó revisar los casos que involucraban a jueces cuyos viajes hubieran ocurrido durante los cinco años anteriores.
Esos procesos tuvieron distintos resultados. En algunos casos se declaró prescrita la responsabilidad disciplinaria; en otros, los jueces fueron absueltos o los procedimientos fueron sobreseídos. También hubo magistrados que recibieron sanciones, las que quedaron firmes y fueron cumplidas.
El Colegio de Abogados neoyorquino cuestiona precisamente que, pese a esos desenlaces, la Corte Suprema haya abierto posteriormente procesos destinados a determinar la eventual remoción de los jueces involucrados.
“Los nuevos procesos de remoción se basan en las mismas circunstancias fácticas que ya habían sido examinadas en los procedimientos disciplinarios regidos por el Acta N.º 108-2020, los cuales ya habían concluido”, sostiene la declaración.
A juicio de la organización, esta situación genera interrogantes respecto del principio de ne bis in idem, que impide someter a una persona a procedimientos o sanciones repetidas por los mismos hechos una vez que un asunto ha sido resuelto de manera definitiva.
También advierte sobre los efectos que podría tener el proceso para quienes recurrieron contra las sanciones disciplinarias que les fueron impuestas. Según plantea, algunos jueces que apelaron sus sanciones ante la propia Corte Suprema se encontraron posteriormente con la apertura de procedimientos de remoción basados en los mismos antecedentes.
“El ejercicio de los mecanismos de revisión judicial, incluidas las apelaciones, no debería exponer a los jueces a consecuencias adicionales o más severas basadas en los mismos hechos”, afirma el Colegio.
Los cuestionamientos se suman a las acciones presentadas ante el Tribunal Constitucional por jueces involucrados en los procesos. Según informó BioBioChile, al menos siete magistrados recurrieron al TC antes de la revisión de los 56 cuadernos, impugnando las normas utilizadas por la Corte Suprema para sustentar estos procedimientos.
Abogados de Nueva York cuestionan que se reabran casos ya resueltos
El escenario también ha generado preocupación internacional. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ya había manifestado alarma por la eventual remoción de los jueces mediante procedimientos que, según advirtió, no entregarían suficientes garantías de debido proceso.
En ese sentido, el Colegio de Abogados de Nueva York cita el llamado de Naciones Unidas a que Chile encuentre mecanismos para fortalecer la confianza pública en el Poder Judicial sin recurrir a medidas disciplinarias retroactivas o de alcance general.
La organización estadounidense aclara que su preocupación no apunta a cuestionar la exigencia de integridad a quienes ejercen funciones judiciales, sino a la forma en que se desarrollan los procedimientos.
“La preocupación radica en si la defensa de la integridad judicial puede justificar el desconocimiento de garantías esenciales del Estado de derecho reconocidas como salvaguardas de la independencia judicial”, señala.
Por ello, el Colegio de Abogados llamó a las autoridades chilenas a garantizar que los procesos disciplinarios y de remoción respeten el debido proceso y la firmeza de las decisiones adoptadas conforme a las reglas vigentes.
También pidió que la prescripción, las absoluciones, los sobreseimientos y las sanciones ya cumplidas tengan efectos jurídicos reales y otorguen certeza a los jueces sometidos a procedimientos disciplinarios.
Finalmente, instó a proteger la independencia interna de los tribunales y solicitó a organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Naciones Unidas, continuar monitoreando la situación en Chile.
El pronunciamiento se produce en la antesala de la revisión de los 56 cuadernos por parte de la Corte Suprema, procedimiento que deberá determinar el futuro de los magistrados involucrados y que, al mismo tiempo, vuelve a poner en el centro del debate los alcances de las facultades disciplinarias y de remoción del máximo tribunal.
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