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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Senadores de oposición defienden norma de la megarreforma que ordena reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe ante el Tribunal Constitucional, desafiando impugnación del Gobierno de José Antonio Kast.

Senadores de oposición acudieron al Tribunal Constitucional (TC) para defender la norma de la megarreforma que obliga a la reconexión gratuita de los servicios básicos de familias y mipymes ubicadas en zonas de catástrofe, aun cuando mantengan deudas.

El artículo fue impugnado por el Gobierno de José Antonio Kast, que sostiene que la disposición se aleja de las ideas matrices del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Piden rechazar impugnación del Gobierno por norma de servicios básicos

Karol Cariola y Daniel Núñez (PC) ingresaron un “Téngase Presente”, respaldado por más de 12 parlamentarios, en el que solicitan al TC rechazar “en todas sus partes” el requerimiento del Ejecutivo contra el artículo 31.

La disposición obliga a las empresas eléctricas, sanitarias y de gas a reconectar, sin exigir el pago previo de las deudas, a usuarios residenciales y mipymes de zonas declaradas en estado de catástrofe.

El plazo será de 24 horas para agua potable y alcantarillado, y de 48 horas para electricidad y gas, contadas desde la solicitud. Además, las compañías no podrán cobrar por la reconexión y deberán compensar a los clientes si incumplen los plazos.

En su presentación, los senadores sostienen que la indicación fue declarada expresamente admisible, pasó por seis comisiones y cuatro votaciones nominales. En la Cámara fue aprobada por 80 votos contra 69, mientras que el Senado rechazó por 25 votos contra 24 una indicación del Ejecutivo que buscaba eliminarla.

“Lo que hace el Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional, cuando fue una indicación declarada admisible y votada en ambas cámaras, no tiene ningún sentido”, afirmó Daniel Núñez.

Solicitan al TC una audiencia pública antes de resolver

El documento también rebate que se trate de una norma ilimitada. Según argumenta, solo operará en las zonas incluidas en la declaración de catástrofe y durante 12 meses, plazo que podrá extenderse por igual periodo.

Karol Cariola cuestionó que el Ejecutivo no reclamara la admisibilidad durante la tramitación y optara entonces por intentar suprimir el artículo mediante una votación.

“Con esto se está vulnerando la voluntad democrática mayoritaria del Congreso”, afirmó.

Los parlamentarios también apuntaron contra las presentaciones realizadas por los gremios de empresas sanitarias y eléctricas. A su juicio, estas incorporaron objeciones sobre propiedad y libertad económica que no fueron planteadas por el Gobierno ni discutidas durante la tramitación, por lo que excederían el objeto de la causa.

El escrito concluye que la norma está directamente relacionada con la reconstrucción integral perseguida por el proyecto y advierte que acoger el requerimiento restringiría la capacidad del Congreso para modificar y enriquecer las iniciativas del Ejecutivo.

Por todo, solicitan al Tribunal Constitucional que rechace completamente el requerimiento del Gobierno contra el artículo 31 de la megarreforma y, por tanto, mantenga la norma que ordena reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas de catástrofe, y además, que convoque a una audiencia pública para que personas e instituciones interesadas puedan presentar sus argumentos antes de que el tribunal resuelva.