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Durante la presente semana ocurrió uno de los hitos legislativos más importantes de los últimos años. Tras más de media docena de intentos, las derechas lograron aprobar en general, en su cámara de origen, un proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas para enfermos terminales o crónicos.

El espíritu del proyecto -dicen sus autores- es establecer que la gravedad de una condena o sentencia no es incompatible con el derecho a que un reo pueda ‘morir en paz’, pensando en casos de violadores de derechos humanos que tengan enfermedades mentales, como la de Alzheimer.

¿Proyecto Punta Peuco?

El proyecto ha desatado una fuerte discusión política entre oficialismo y oposición. De hecho, en los pasillos del Senado le llaman despectivamente el proyecto ‘Punta Peuco’.

Y es que la iniciativa establece cuatro hipotesis para que la justicia pueda permitir que criminales de lesa humanidad opten al arresto domiciliario.

Pero, el problema político no termina en el histórico enfrentamiento por los crímenes de la dictadura, sino que se centra en una redacción que está ‘con el tejo pasado’ y que establece hipotesis no copulativas que podrían liberar a todo tipo de internos.

– Si están con una discapacidad incompatible con las condiciones penitenciarias.
– Si tienen una enfermedad crónica incurable.
– Si están en situación terminal.
– Si tienen un mínimo de 70 años de edad y suman al menos 80 años sumando su edad real y su condena.

Conmutación de penas abre round entre Gobierno y oposición

En medio de este escenario, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que el proyecto “consagra la impunidad para criminales”.

Además, el mandatario hizo un llamado al Congreso Nacional a no permitir su avance.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, aseguró que en ningún caso el proyecto permitirá la salida de las cárceles de esa enorme cantidad de reos.

En todo caso, dijo que el Presidente Kast deberá evaluar si el proyecto se alínea con sus prioridades y con el rótulo de ‘gobierno de emergencia’, deslizando que la sobrepoblación penal podría ser un argumento a utilizar.

El Partido Socialista, en tanto, anunció que el lunes entregará una carta en la embajada de México en Chile, para informarle a la Presidenta de México, Claudia Scheinbaum, que el próximo embajador de Chile en ese país -el senador Francisco Chahuán- es autor de esta controversial propuesta.

Además, la bancada de diputados PS pedirá una reunión al Presidente Boric, para consultar si evalúa alguna acción contra la iniciativa.

La presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, aseguró que la iniciativa que es una “aberración jurídica”.

Por el contrario, el senador Rojo Edwards planteó que si este proyecto no avanza, Kast debe pensar en un indulto presidencial.

En cambio, la senadora electa Camila Flores (RN) fue más allá: señaló, incluso, que si el proyecto avanza, el futuro mandatario debería considerar un indulto a Patricio Maturana, condenado por causar ceguera y pérdida de olfato a la senadora Fabiola Campillai.

Por otro lado, el diputado Diego Schalper (RN) se concentró en el proyecto y admitió que tiene “errores graves”, poe lo que tiene que mejorar.

Así las cosas, en el futuro congreso la disputa se proyecta intensa. De hecho, Beatriz Sánchez (FA) marcó un rechazo tajante a la iniciativa, mientras que el libertario Hans Marowski sostuvo que pedirán que el gobierno de Kast le ponga urgencia al proyecto.