Diputados de Renovación Nacional oficiaron a Defensoría de la Niñez y al INDH para que interceda ante la Unesco y se evalúe el Sistema de Admisión Escolar.
El próximo lunes inician las matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2024, proceso que se mantendrá hasta el 22 de diciembre y que según resaltan parlamentarios de RN, ha dejado fuera del sistema a poco más de 50 mil estudiantes de todo el país.
Por lo anterior, diputados de la bancada de Renovación Nacional, liderados por los integrantes de la comisión de Educación, Marcia Raphael y Hugo Rey, junto a los diputados Sofía Cid y Camila Flores oficiaron al defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y a la directora del INDH, Consuelo Contreras.
Todo esto para que “hagan uso de sus competencias legales para cesar las vulneraciones de derechos por la aplicación de las reglas que incorpora el Sistema de Admisión Escolar”.
Al respecto, Hugo Rey, afirma que con el oficio se busca “hacer entender al gobierno que es necesario modificar el sistema de admisión, porque presenta deficiencias”.
Así mismo sostuvo que pese a los proyectos de ley presentados para modificar el SAE, “el gobierno ha hecho oídos sordos (…) y más que nuestras demandas , son las de los padres y apoderados que quieren que sus hijos se desarrollen (…) y puedan elegir de acuerdo a sus capacidades, sus competencias y sus habilidades”.
Sistema de Admisión Escolar
Según acusan los parlamentarios, el SAE, mejor conocido desde sus inicios como “La Tómbola”, debería privilegiar el ingreso del estudiante a un establecimiento cercano a su domicilio.
Algo que a su juicio, claramente no se cumple, lo que queda en evidencia por las numerosas publicaciones de prensa en donde padres y apoderados -muchos que amanecen en las afueras de los colegios o liceos- reclaman que este requisito no se cumple.
En ese sentido, la diputada Camila Flores agrega que “nos hemos acostumbrado a ver cómo año a año el sistema de la tómbola afecta la educación de miles de niños”.
Y explica que “el Gobierno ha mostrado una tozudez constante y no accede a practicar las reformas que requiere el sistema de admisión, por lo que estamos exigiendo que intervengan los organismos encargados en Chile de velar por los derechos de la infancia, entre ellos el derecho a la educación, para que sean ellos los que requieran al Gobierno estos cambios y no se siga afectando la educación de los niños y adolescentes.”
En el oficio de los diputados RN, se indicó que el “sistema se ha asociado también al gran número de niños y adolescentes desertores del sistema educativo; mientras en 2022 el número de estudiantes que no se matricularon superó los 50.000, para 2023 se cifró en 50.814”. Y en este punto se señala que muchas familias “han preferido sistemas de formación distintos al escolar”.
También se indica que pese a los magros resultados del SAE desde su implementación en 2016, existe una “negativa en reformar el mecanismo y suplir los graves déficits que presenta (el sistema) termina por afectar de manera grave el derecho a la educación de decenas de miles de niños y adolescentes del país, derecho que no solo posee un reconocimiento a nivel interno en la Constitución Política, sino que además en la totalidad de tratados internacionales que han sidos suscritos por Chile”.
Asimismo, el oficio argumenta que “la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29, fija importantes deberes que exigen a todos los Estados parte respetar, promover y proveer la educación de los y niños y adolescentes y cautelar el efectivo acceso de estos al Sistema de Educación”.
Algo que, “claramente, no está ocurriendo en nuestro país, por la inacción del Estado y particularmente de las autoridades de Gobierno, lideradas por Nicolás Cataldo, ministro de Educación”.
Se suma en el documento resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (prueba Pisa), que mostró un estancamiento de 5 años en los resultados educativos del país. Principalmente, en indicadores como habilidades en matemáticas y comprensión lectora.
En sus párrafos finales se solicita tanto al defensor de la Niñez como a la directora del INDH, que ejerzan sus atribuciones legales y que intermedien “ante el Gobierno y recomendar a este que impulse las modificaciones necesarias al Sistema de Admisión Escolar atendido a cómo este (…) afecta el derecho de la educación de los niños y adolescentes del país”.
Concluyen además que intercedan ante el gobierno y la Unesco “a fin que esta última organización elabore una evaluación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y de sus consecuencias en el ejercicio de los derechos y libertades que aseguran los Tratados Internacionales del Sistema Universal de protección a los Derechos Humanos”.
