La decisión de la autoridad se basó en una denuncia presentada por la exconcejal de Vitacura, Luz Pacheco Matte, a la Dirección General de Aguas. De acuerdo a la presentación, se estarían desviando aguas desde el río Mapocho, a la altura del puente Lo Curro, que irían a dar al interior del recinto aéreo, el que enfrenta por segunda vez acusaciones de este tipo. En octubre de 2010, el municipio hizo lo propio ante la DGA denunciando al Club por extracción de aguas superficiales del río para regar parques y jardines sin contar con derechos. En los últimos tres años, el número de expedientes sancionatorios por eventuales infracciones a normativa legal ha ido en aumento. En 2021, solo hasta mayo, se registran 583 procesos en plena tramitación. La historia es de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
La Dirección General de Aguas (DGA) declaró admisible una denuncia por eventuales infracciones al Código de Aguas en contra del exclusivo Club de Planeadores de Santiago, hoy Club de Planeadores de Vitacura, ubicado en el sector oriente de la capital.
La decisión de la autoridad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se basó en un requerimiento de fiscalización presentado el pasado 3 de junio por la exconcejal de la zona Luz Pacheco Matte.
En la petición, la exautoridad comunal de Vitacura puso en conocimiento de la DGA antecedentes que dan cuenta de una posible desviación de aguas desde el río Mapocho, a la altura del puente Lo Curro, en dirección al recinto aéreo, el que funciona al interior del Aeródromo de Municipal Vitacura bajo arriendo.
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La denuncia llegó a oídos de Pacheco, y el resto del Concejo Municipal de la sede edilicia del sector oriente, a través de una carta que hizo llegar un vecino quien dio cuenta de los hechos.
Para corroborar la información, Pacheco -en ese entonces aún en funciones- se apersonó en el lugar en compañía de un abogado y un ingeniero, con miras a sustentar la acusación. Lo que observó, lo plasmó luego en el formulario que ingresó a la DGA.
“En mi calidad de concejal concurrí a verificar y constaté que en la zona el agua se desvía artificialmente hacia la vertiente norte del río, hasta la altura del Club de Planeadores, donde se pierde la pista. Al parecer, el agua ingresa a ese recinto”, señaló Pacheco en el documento que envió a la DGA.
A renglón seguido, indicó que en el lugar “hay una clara canalización del agua, y de hecho, hay muretes de piedras y sacos para desviar el curso natural”. En las imágenes que acompañó Luz Pacheco en su denuncia, se pueden ver bolsas y rocas que servirían de soporte para que el agua se alejara de su trayecto normal.
Con estos antecedentes sobre la mesa, el pasado 24 de julio, la DGA acogió a trámite la solicitud de la exautoridad comunal, levantando el Acta de Inspección en Terreno. El Club fue notificado el pasado 1 de julio y tiene un plazo de 15 días para presentar sus descargos.
Al respecto, el diputado de Acción Humanista por el Distrito 11, Tomás Hirsch, señaló que esta situación merece ser investigada y anunció que oficiará al MOP, a la DGA, a la Municipalidad de Vitacura y a la Fiscalía Oriente por el presunto delito de usurpación de bienes públicos.
“El agua es un bien escaso que en Chile ha significado un drama para miles de familias, y no permitiremos que se estén robando agua, haya usurpación o alguna situación irregular en nuestro distrito”, sentenció Hirsch.
Actualmente, en el Congreso se tramita un proyecto de ley que modifica el Código Penal y crea delitos que afectan las aguas, el que se encuentra en su segundo trámite constitucional.
“Cuando lo fuimos a mirar nos dimos cuenta que había efectivamente una especie de vergel que terminaba en el Club de Planeadores, porque después mirando desde el frente se producía una sequía absoluta. O sea era evidente”, sostiene Luz Pacheco.
No investigar
No es la primera vez que el Club de Planeadores de Santiago ha sido denunciado por hechos similares. El 27 de octubre de 2010 la Municipalidad de Vitacura presentó una denuncia por extracción de aguas superficiales del río Mapocho para regar el parque y jardines del recinto.
En la ocasión, según informaron desde la DGA a La Radio, el club no contaba con derechos de aprovechamiento, como tampoco había presentado una solicitud para ejecutar la actividad ni menos un proceso de regularización.
Luego de analizar los hechos, el 6 diciembre de 2010 la dirección regional de la DGA acogió la denuncia y, siguiendo la normativa vigente de ese entonces, derivó los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago buscando la aplicación de las multas respectivas, y a la Fiscalía Oriente para que iniciara una investigación de oficio por el presunto delito de usurpación de aguas. Ambos caminos no llegaron a puerto.
Buscando enmendar la situación, el 1 de febrero de 2011, según registros del Diario Oficial, el Club de Planeadores de Santiago solicitó a la DGA que se constituyeran a su nombre derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas en una parte del río Mapocho, aguas abajo del puente Lo Curro. La petición, señalan desde la entidad, no ha sido resuelta y se encuentra pendiente.
En abril de 2011, la Dirección General de Aguas presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una denuncia por extracción ilegal de aguas superficiales desde el río Mapocho contra el Club de Planeadores de Santiago. No obstante, el Ministerio Público resolvió no iniciar una investigación.
Lo anterior, según el escrito que presentó el fiscal Leonardo Arancibia, ya que “no existe el delito cuando se hace aprovechamiento del agua pero no se afecta a un particular, aunque existan sanciones de carácter administrativo y no penal”.
“Si se toman excedentes de agua del caudal que escurren bajo la línea de la última persona que tiene derechos de agua, no se perjudican los derechos de terceros”, señala el documento.
Y agrega: “Efectivamente el infractor ejerce un derecho que no posee, pero esta actividad no afecta el ejercicio de derechos otorgados en la parte superior del río Mapocho”.
Ver denuncia 2011:
Cifras reveladoras
A partir del 27 de enero de 2018, con la entrada en vigencia de la Ley 21.064 que modificó el Código de Aguas, la DGA acrecentó su poder para fiscalizar y sancionar. De hecho, aumentaron las multas máximas aplicables, las que pueden llegar a más de $104 millones.
En ese contexto, durante 2018 la entidad abrió a nivel país 1.226 expedientes de fiscalización, de los cuales 1.164 fueron resueltos por la autoridad. Al año siguiente, las cifras aumentaron un 6,28% al aperturarse 1.303 investigaciones, con un porcentaje de resolutividad del 84,7%.
En 2020, pese a la grave crisis hídrica que vive Chile, los números continuaron al alza: hubo 1.449 procedimientos sancionatorios en el país por posibles infracciones al Código de Aguas. En lo que va de 2021, solo hasta mayo, se registran 583 de estos últimos en plena tramitación.
Al respecto, Carmen Herrera, jefa del Departamento de Fiscalización de la DGA-MOP, asegura que atendida el alza mencionada, la entidad ha redoblado los esfuerzos para hacer cumplir la normativa, atendida “la compleja situación hídrica que vive el país”.
En el desglose por regiones, Valparaíso es la zona con más expedientes abiertos con 760 investigaciones, desde enero de 2018 hasta septiembre de 2020, lo que representa el 20,4% del total nacional. Le sigue La Araucanía con 391 y Antofagasta con 359 sumarios.
“En cuanto a Valparaíso, el número de expedientes de fiscalización se vincula con la compleja situación que enfrenta dicha región, conforme dan cuenta los decretos de escasez que se han dictado en dicho territorio”, indica Herrera.
Desde la DGA explicaron a La Radio que hay tres formas de iniciar un proceso sancionatorio. El primero, a través de la denuncia de un particular o una persona jurídica. Otra es la autodenuncia del infractor, quien tiene la posibilidad de admitir ante la autoridad la vulneración de la norma. Por último, está la decisión de oficio puede adoptar la autoridad.
Al separar la información por el tipo de infracción de los expedientes abiertos desde enero de 2018 a septiembre de 2020, se observa que la infracción que predomina es la extracción de aguas no autorizadas, situación que representa el 42,5% de las investigaciones realizadas.
Le siguen las obras no autorizadas en cauces con 1.220 expedientes abiertos, cifra que representa el 32,7% de las denuncias en aquel periodo; luego está la extracción de áridos no autorizada con 333 sumarios abiertos.
Para la abogada Natalia Alfieri, experta en Derecho Ambiental, resulta positivo que existan más fiscalizaciones y procedimientos sancionatorios por parte de la DGA, pero, advierte, que “preocupa la gran proporción de casos de extracción ilegal cuando se debe asegurar el consumo humano al agua, el equilibrio ecológico de las cuencas y el uso responsable de quienes realizan actividades económicas”, advirtió.
La compleja situación hidrológica que vive el país se ve reflejada en los decretos de escasez que la DGA dicta para reducir los daños derivados de la sequía. En la actualidad, hay 17 decretos vigentes en el país, los que afectan a las regiones Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, Atacama y Los Lagos.
“La normativa permite dictar decretos de escasez por un máximo de seis meses, por lo que se requieren herramientas que aborden la situación de escasez permanente que vivimos”, reparó Alfieri.
Desde la Municipalidad de Vitacura, señalaron a La Radio que están en conocimiento de la denuncia contra el Club de Planeadores. Al respecto, manifestaron que se encuentran “a la espera de los resultados de la investigación correspondiente en un tema que nos preocupa de sobremanera dado el contexto nacional de escasez hídrica y el correcto uso de los recursos naturales”.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío requirió una versión del Club de Planeadores de Santiago, actual Club de Planeadores de Vitacura, a través de correo electrónico y por vía telefónica. No obstante, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
