El caso del exmirista Sergio Olivares Urtubia reabrió el debate respecto de los beneficiados con la Ley Valech, luego de su detención acusado de dar muerte a un vigilante de un ServiEstado.
Este jueves será formalizado Sergio Olivares por el delito de robo con homicidio, luego de un frustado asalto a un ServiEstado de San Bernardo ocurrido el pasado lunes.
Según fuentes de Radio Bío Bío, el imputado fue militante del MIR y estuvo condenado en Brasil por el secuestro del empresario Abilio Diniz en 1989.
Pero además, este miércoles se conoció que es beneficiario de la Ley Valech, que entrega una pensión de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Este hecho reavivó el debate respecto a la entrega de este beneficio a personas condenadas por distintos delitos.
UDI pide “revisar” situaciones del Informe Valech
El diputado y vicepresidente de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, señaló que “tendremos que revisar todas estas situaciones del Informe Valech, donde puedan existir conexiones entre gente que definitivamente está fuera de la sociedad y que recibe beneficios de esta misma sociedad”.
“La verdad que es impresentable que el Estado esté financiando a este tipo de delincuentes, de terroristas, que no contribuyen en nada a lo que es la convivencia de una sociedad democrática”, agregó.
“Queda de manifiesto una vez más que seguimos en un mundo al revés, donde algunos delincuentes reciben beneficios del Estado y la gente de buen vivir no ve nada de estos beneficios”, insistió el dirigente oficialista.
Teillier (PC) acusa a la derecha de tratar de empatar
Desde la vereda opuesta, el también diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que desde un punto de vista jurídico no se le puede quitar el beneficio.
“Lo que otorga la Ley Valech es una reparación por un hecho de prisión política y de tortura, y eso no se puede revisar. Otra cosa son los delitos que haya cometido esta persona”, dijo.
En ese sentido, agregó que “si se le quitara esto, que es un derecho que él adquirió como persona, es lo mismo que si a un jubilado que comete un delito se le quite la jubilación”.
“Las reparaciones de parte del Estado por violaciones a los derechos humanos, pueden revisarse persona a persona, pero en ningún caso revisar todos los casos porque eso sería una persecución injusta”, añadió.
En ese sentido, acusó al partido gremialista de intentar “empatar” este caso, con el de personas condenadas por delitos contra los derechos humanos.
“La derecha está acostumbrada a tratar de usar estos casos, que son casos particulares, para tratar de desmantelar todo lo que se ha hecho en materia de reparaciones de derechos humanos. Y por otra parte, para tratar de empatar con los que han cometido delitos de lesa humanidad y eso no se puede permitir”, sentenció.
María Luisa Sepúlveda: No hay ley para quitarle el beneficio
Al respecto, quien fuera secretaria Ejecutiva de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, coincidió con que el beneficio no se puede suspender.
La reconocida defensora de Derechos Humanos sostuvo que nuestra legislación no contempla la pérdida del beneficio en caso que la persona cometa algún delito.
“Las personas que fueron calificadas como víctimas de prisión y tortura en las dos comisiones Valech, lo fueron en virtud de haber sido víctimas por agentes del Estado en un periodo determinado, entre el 73 y el 90, donde se acreditaba la situación de prisión y/o tortura”, explicó Sepúlveda.
“No hay ningún elemento, ninguna ley, ninguna autoridad, para quitarle algún beneficio que esa persona haya adquirido en su condición de víctima de prisión o de tortura”, señaló a BioBioChile.
“O sea, lo que hizo este señor de asesinar un hombre en el banco, es una situación gravísima, pero esa situación no tiene que ver con su situación de víctima. Y como esa situación, pueden haber múltiples otras situaciones que se han planteado de por qué una persona es calificada de víctima, si además puede haber sido después un homicida, un pedófilo”, argumentó.
“Es como si a los agentes del Estado que están en Punta Peuco se les quitara su jubilación o a los presos comunes pierdan su pensión”, apuntó.
En ese sentido, María Luisa Sepúlveda señaló que “lo que hay que hacer con esta persona que cometió esos delitos, es juzgarlo por las leyes que corresponde juzgarlo y la justicia tiene que aplicar con todo el rigor que corresponde”.
Lista Valech es un “tema cerrado para el país”
Respecto al caso de Sergio Olivares, y de acuerdo a los antecedentes que se han hecho públicos, él estuvo recluido entre 1974 y 1978, saliendo el libertad luego de ser amnistiado.
“La mayor parte de las personas que salieron en libertad fueron personas que no tuvieron un juicio justo, que no tuvieron acceso a defensa como en un Estado de Derecho, la mayor parte de ellos estuvieron en recintos secretos de los servicios de seguridad donde fueron torturados, entonces no amerita poner ese antecedente como de haber recibido un beneficio que se le dio en ese minuto”, detalló la otrora secretaria ejecutiva de la Comisión Valech.
“Yo diría que lo que haya hecho o lo que haya seguido haciendo este señor años después, nada tiene que ver con lo que este señor pasó, por lo que fue acreditado como víctima en la comisión Valech”, añadió.
“Hay tantos problemas en este país como para hoy día entrar a revisar situaciones como ésta. Creo que entramos en una situación donde los mismos que hoy día piden que se le quite el beneficio a este señor, son los que no quieren que se haga justicia con los que fueron torturados y que hoy día piden que se haga justicia en los tribunales. Yo siento que hay una contradicción”, sentencia Sepúlveda.
“Si quieren revisar toda la lista Valech, que la revisen, el Gobierno que quiera, pero no por las razones que se dicen. Es un tema cerrado, a no ser que el país lo quiera abrir, pero abrirlo significa abrir muchas cosas y para qué”, concluye.
