El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, anunció este domingo que dimite "irrevocablemente" del cargo, después de que en la última semana haya sido señalado por su supuesta vinculación con ascensos irregulares en el seno de las Fuerzas Armadas, polémica que ya le llevaba a estar en el punto de mira del Congreso.
Aunque considera que ha demostrado de forma "fehaciente" que actuó de forma "legal y correcta", Ayala ha asegurado en Twitter que asume "total responsabilidad política". "Como demócrata, renuncio irrevocablemente" al Ministerio de Defensa, ha añadido, en un mensaje en el que agradece al presidente, Pedro Castillo, su confianza, y denuncia la "politiquería" de la oposición.
El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, renunció este domingo de manera irrevocable al cargo, en medio de la polémica que se desató desde hace una semana en el país por las denuncias de presiones en los ascensos de altos mandos militares y la destitución de los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea.
Ayala anunció su decisión en un mensaje publicado este domingo en su cuenta en la red social Twitter, en el que defendió la legalidad de su actuación y cuestionó la “politiquería” que, aseguró, está impidiendo gobernar al izquierdista Pedro Castillo.
“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en el proceso de ascenso y relevo militar”, enfatizó en su mensaje.
Sostuvo que, a pesar de ello, asume la “total responsabilidad política del mismo” y que, por ese motivo, “como demócrata” renuncia “irrevocablemente” al Ministerio de Defensa.
“Gracias presidente Pedro Castillo”, añadió antes de concluir: “basta de politiquería, ¡dejen Gobernar!”.,
Ayala confirmó su dimisión después de haberse presentado el viernes ante la comisión de Defensa del Congreso para dar explicaciones por los ascensos de militares y luego de que el Legislativo aprobara una moción para interpelarlo sobre el mismo tema, con el objetivo explícito de la oposición de censurarlo.
Al respecto, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, consideró que su renuncia ha sido una decisión “acertada, porque él no tenía ninguna garantía en el Congreso, porque ahí se ataca, y se ataca sin ninguna razón, sin ningún argumento, ignorando la ley”.
“Es increíble que en el palacio de las leyes, las leyes no valgan nada”, enfatizó Torres este domingo en el Canal N antes de recordar que las normas peruanas otorgan al presidente la potestad de cambiar a los jefes militares sin “expresar ninguna motivación”.
Ayala ya había puesto el lunes pasado su cargo “a disposición” de Castillo, luego de que el ex comandante general del Ejército José Vizcarra asegurara que él y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles, algo a lo que no accedió.
Esta denuncia abrió una nueva polémica en el país, ya que Vizcarra y el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro, quien también denunció un pedido similar, fueron pasados al retiro tan solo tres meses después de asumir sus cargos.
A diferencia de Ayala, y según lo reportó RPP Noticias, Pacheco se negó a renunciar cuestionando las peticiones de la oposición: “¿Por qué me voy a tener que ir? Si yo no he tenido nada que ver. Lo único que he hecho simplemente es realizar mi trabajo, por lo tanto el presidente esto lo tiene bien claro”.
Durante la semana, Ayala se mantuvo en el cargo tras señalar que tiene “la conciencia limpia” y afirmó que los dos ex jefes militares “han vendido humo” y se han “metido en política”.
Sin embargo, la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, inició el jueves una investigación preliminar en su contra por las “presuntas presiones ejercidas” en los ascensos de altos mandos militares.
Ávalos precisó que esa investigación se hará por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, e incluirá a “los que resulten responsables”, por lo que también figura Bruno Pacheco.
Precisamente, la Procuraduría Anticorrupción también pidió a la Fiscalía que abra una investigación contra Pacheco por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
En medio de la polémica, el presidente Castillo ha ratificado durante los últimos días su “respeto irrestricto a la institucionalidad” de las Fuerzas Armadas, a las que calificó de “garantes de la integridad territorial, el Estado de derecho y el orden constitucional”.
