En Europa cuestionan que Gobierno cambie reglas de juego tras caída de trato por corredores en Bío Bío

El Gobierno rechazó una rebaja de propuesta por Azvi -grupo empresarial español del área de la construcción y obras públicas- y puso fin a concesiones por US$400 millones en el Gran Concepción, región del Bío Bío.

La empresa española -en información incluso difundida por medios españoles- había ofrecido reducir en cerca de 20% el costo de los proyectos para mantener las concesiones de los corredores de transporte de las rutas 160 y 150.

Dijo que el Ejecutivo optó por ejecutar las obras como inversión pública, con ahorros estimados superiores al 20%, pero con retrasos de hasta 11 meses.

Azvi tiene gran presencia en el mercado chileno de infraestructuras, junto con OHLA y Sacyr. En España, los medios de comunicación especializados han apuntado que la situación podría ser “una señal de alerta” a las empresas, debido a que Chile -con ello- “transmite el desagradable mensaje de que las cosas parecen haber cambiado”, pasando de un “sistema concesional maduro y estable en Latinoamérica” a uno que desliza “inseguridad jurídica”.

Azvi pierde concesiones por US$400 millones

El medio español ABC, publicó que el Gobierno de Chile decidió “cambiar el modelo de financiamiento” de dos grandes proyectos de infraestructura en el Bío Bío, lo que tendría efectos no solo sobre la movilidad del Gran Concepción, sino también sobre el sistema de concesiones y “las señales” que Chile entrega a los inversionistas privados.

La administración del presidente José Antonio Kast resolvió no continuar con las concesiones adjudicadas al grupo español Azvi para desarrollar los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano, iniciativas que en conjunto contemplaban inversiones cercanas a US$400 millones.

La empresa había intentado mantener los contratos mediante una propuesta para “reducir en aproximadamente 20% sus costos”, lo que implicaba un ahorro cercano a US$80 millones respecto del monto original.

Sin embargo, apuntó la empresa en el medio ABC, el Ejecutivo descartó esa alternativa y confirmó que las obras serán ejecutadas mediante obra pública, a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Lo anterior, bajo el argumento que eso permitirá reducir en más de 20% los costos de inversión. El nuevo mecanismo, eso sí, implicaría modificaciones en los plazos de ejecución (eventuales retrasos de entre dos y once meses).

Consultado por La Radio, Sergio Giacaman, gobernador de la región, destacó que efectivamente el modelo (de concesiones) “da certeza del punto de vista de los plazos, certeza del punto de vista de la calidad de las horas que se ejecutar y la mantención de estas mismas”.

“(…) Lamento que el Gobierno haya decidido no continuar con este modelo de concesión, en particular respecto de los corredores en la región (…)”, agregó.

La autoridad regional comprometió que fiscalizarán los compromisos y los plazos que señaló el Ejecutivo con respecto a las obras en los corredores (rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano).

Al ser consultado si los cambios mencionados ponen en tela de juicio la seriedad del país con respecto al modelo de concesiones, Giacaman opinó que “indudablemente genera dudas” para las empresas interesadas en ejecutar obras.

“Y lo que nosotros tenemos que hacer es al revés: generar certeza. (…) Espero -y quiero- que desde nuestra región se generen certezas a los inversionistas, y particularmente más obras concesionadas para tener estándares de buena calidad para la región”, sentenció la autoridad.

Ajuste fiscal

El origen de la controversia estaría en la situación de las cuentas fiscales, ya que el Ministerio de Hacienda instruyó detener la tramitación de ciertas adjudicaciones, argumentando que los proyectos implicaban compromisos fiscales que, dadas las condiciones actuales, el Estado no podía absorber.

Por todo, el caso que involucra a Azvi abriría un debate sobre uno de los principales mecanismos utilizados durante las últimas décadas en el país para desarrollar infraestructura con participación privada.

Para Azvi, apuntó la prensa española, el impacto es especialmente relevante porque Chile constituye uno de sus principales mercados fuera de su país.

La pérdida de los contratos en el Bío Bío, eso sí, no significa su salida del mercado chileno, pero sí representa un revés para una empresa que había “apostado por ampliar” su participación en grandes proyectos de infraestructura.

El corredor de la Ruta 160 contempla 14,2 kilómetros de infraestructura exclusiva para buses entre San Pedro de la Paz y Coronel, además de paraderos, ciclovías, veredas y obras destinadas a mejorar la conectividad.

En tanto, el corredor de la Ruta 150-Autopista Concepción-Talcahuano considera 9,3 kilómetros de infraestructura para transporte público, junto con nuevos enlaces, pasos desnivelados y ciclovías entre Concepción, Talcahuano, Penco y Hualpén.