A partir del próximo 29 de septiembre comenzará a regir la denominada Ley de Lobby, que regula esta práctica y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios públicos, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado.
La ley 20.730 entiende el lobby como la gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades.
La constitución de la reciente Comisión Regional de Seguimiento de la Inversión Privada, que sesionó en la Intendencia de Valparaíso, fue la primera actividad registrada bajo los requerimientos de esta nueva ley, registro público que deberá realizarse en todos los servicios, según la asesora jurídica del organismo, Catherina Valdevenito.
La finalidad, agregó valdevenito, es evitar las conversaciones de pasillo que quedan sin respaldo del requerimiento.
La infracción de las normas de la ley hará incurrir en irresponsabilidad y traerá consigo sanciones administrativas, las cuales contempla tanto para quienes reciben el lobby como para quienes lo ejercen.
Las sanciones a los funcionarios quedan en su hoja de vida y deben ser publicadas en los sitios web de los organismo públicos, todo visado por la Contraloría General de la República.
