Un juez prohibió salir de Ecuador a cuatro veedores que señalaron al presidente Rafael Correa de corrupto, luego de que la Fiscalía los acusara de presunto falso testimonio, informó el viernes el tribunal a cargo.

La veeduría, conformada por iniciativa del presidente, investiga contratos de uno de los hermanos del mandatario -Fabricio Correa- con el Estado, que según esta comisión ascendieron a 657 millones de dólares con un perjuicio para el Estado de 140 millones de dólares.

“Dijimos lo que vimos con documentos oficiales”, aseveró Pablo Chambers, uno de los veedores y antiguo funcionario del gobierno del ex presidente y ahora líder opositor Lucio Gutiérrez.

Los comisionados, que han buscado asilo en las embajadas de Chile, Costa Rica, Panamá y Reino Unido, deberán presentarse cada 15 días ante el Juzgado Quinto de Garantías Penales, señaló la corte este viernes.

Las medidas cautelares fueron pedidas por la Fiscalía durante una audiencia en la que acusó de supuesta falsedad testimonial a Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hidalgo, quienes alegan ser perseguidos políticos.

Pero Panamá negó el viernes el asilo pedido por los veedores, que esperan respuesta de los otros países a los que extendieron la solicitud.

“Panamá estima que, en este momento, el caso de estas personas no reúne los elementos necesarios, de acuerdo a la normativa nacional e internacional aplicable” para que el gobierno “pueda considerar una petición de asilo”, señaló la cancillería panameña en un comunicado.

Según la acusación, los comisionados habrían actuado sin argumentos sólidos para asegurar en un informe de marzo de 2011 que el mandatario conocía los contratos de su hermano Fabricio Correa.

El gobernante niega ese señalamiento, debido a lo cual demandó por perjurio a los veedores, que no asistieron a la audiencia del jueves.

El mandatario también sostiene que el colectivo se extralimitó, al “autoproclamarse comisión investigadora” cuando fue creado para verificar que los contratos habían sido liquidados. Incluso acusa a Chambers de infiltrarse en la comisión para hacerle daño.

A raíz del escándalo, el presidente también demandó por daño moral a dos periodistas que aseguraron en un libro que él estaba al tanto de los negocios, los cuales cifraron en 167 millones de dólares. Sin embargo, en febrero retiró los cargos.

Correa alega que una vez que se conoció el caso, liquidó unilateralmente los contratos.

Tras esa decisión, Fabricio Correa se convirtió en uno de los mayores adversarios políticos del gobernante y hace dos meses inscribió un movimiento con el que aspira a enfrentar a su hermano en las presidenciales de febrero de 2013, en las que éste no descarta la reelección.