La Intendencia Metropolitana y la Municipalidad de Recoleta se querellaron por los hechos de violencia registrados tras la marcha del 11 de septiembre.
En el Séptimo Juzgado de Garantía presentaron querellas por los delitos de porte ilegal de bombas incendiarias y porte de armas blancas y hechizas, mientras que por la Municipalidad de Recoleta, se sumó una querella por daño a la propiedad pública y privada.
Esto, por los hechos de violencia que se registraron tras la marcha autorizada del 11 de septiembre, en el sector del Cementerio General.
La intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, acusó a los encapuchados de convertir un acto de reflexión, en un campo de batalla, e indicó que trabajará hasta ver a todos los responsables de lo sucedido, en la cárcel.
La alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier, cifró en cerca de 5 millones las pérdidas luego de la marcha, por lo que pidió a la justicia mayor severidad contra los responsables de los destrozos.
El presidente del Sindicato de Floristas de Recoleta, Miguel Fuentes, que se sumó a la querella, reclamó por el grave daño generado a los comerciantes del sector.
Por los desórdenes en esa marcha, en un juicio abreviado este lunes se condenó a 800 días de presidio menor a un joven de 18 años que portaba bombas molotov, mientras que una mujer, de 23, quedó con medidas cautelares por igual delito.
