El nuevo protocolo de la Iglesia Católica para casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes establece la necesidad de investigar aunque el delito haya prescrito y crea un organismo eclesiástico para asistir a las víctimas.

Se trata de una actualización del protocolo del 2003, a partir de los acuerdos de la útima asamblea plenaria de obispos donde se abordó la crisis de la Iglesia producto de las denuncias contra sacerdotes.

El documento precisa que, a partir de ahora, laicos y laicas con debida preparación podrán realizar la indagación previa y no sólo el promotor de justicia.

Reduce en forma importante la exigencia de formalidades que pudieran redundar en atraso de las causas. Por primera vez, el protocolo establece la necesidad de investigar aunque el delito haya prescrito, recogiendo así las normas recientes del Vaticano sobre ampliación del plazo de prescripción y la posibilidad de derogarla.

También hace referencia al respeto y a la colaboración de los religiosos con los procesos judiciales por abusos sexuales. El vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, enfatizó que el documento señala claramente que nada exime a un clérigo de responder por sus actos ante la justicia civil.

La doctora en derecho canónico, Ana María Celis, puntualizó que los antecedentes de las investigaciones de la Iglesia no serán entregados automáticamente a la justicia ordinaria. Argumentó que la facultad de denunciar es privativa de las víctimas.

Aunque en un borrador inicial se había establecido plazo de 30 días para las investigaciones, finalmente este punto no fue incluido en el protocolo. La abogada Celis explicó que esto permitirá evaluar mejor la complejidad de cada caso.

El texto fija también la creación de un listado de religiosos y seminaristas que han salido de la Iglesia y el motivo. El objetivo es impedir que quienes han dejado de la carrera sacerdotal por denuncias de abusos sexcuales puedan ingresar nuevamente.

A partir de este documento, se crea el Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal para la Prevención de Abusos contra Menores y Acompañamiento de Víctimas, que será presidido por el obispo de Rancagua, Alejandro Goic.

En su introducción, el protocolo manifesta que es necesiario que no quede duda o confusión alguna sobre la obligación de los obispos de proteger a los menores y evitar el abuso sexual, como lo precisó el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Valparaíso, Santiago Silva.

En tanto, el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, destacó que la transparencia es uno de los principios rectores de la actualización del protocolo de la Iglesia Católica sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

La Conferencia Episcopal planteó que tras el proceso con muchos signos de muerte que la Ia Iglesia Católica ha vivido en el último tiempo, este protocolo quiere proyectar una vida nueva.