La escasez de un anestésico usado en la inyección letal complicó la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, donde fue suspendida la ejecución de un hombre después de que autoridades de Arizona (sur) dijeron haber obtenido la droga pero sin revelar su origen.

Un juez federal bloqueó la ejecución de Jeffret Landrigan, prevista para este martes, ante la negativa de las autoridades a explicar cómo habían conseguido el anestésico tiopental sódico, lo que desató dudas sobre su eficacia.

Los abogados presentaron una demanda argumentando que el hombre, de 48 años y condenado a muerte en 1990 por asesinato, podría morir experimentando mucho dolor si la droga estaba contaminada.

“La corte no puede determinar si la droga fue producida por una empresa extranjera que sigue los procedimientos estándar para la fabricación o que no tiene antecedentes de contaminación”, señaló el juez federal de Arizona Roslyn Silver.

Sólo una compañía farmacéutica en Estados Unidos, Hospira, produce actualmente la droga que se utiliza en las ejecuciones, el anestésico tiopental sódico.

Pero el anestésico está agotado y la empresa no reiniciará su producción hasta el primer trimestre de 2011.

Algunos estados como Texas (sur) y Ohio (norte) tienen suficiente tiopental para cumplir su calendario de ejecuciones, pero otros, como Kentucky (centro), se vieron obligados a suspender las condenas.

“En este país estamos tan acostumbrados a las ejecuciones que los legisladores se ponen nerviosos” cuando se suspenden, dijo Deborah Denno, profesora de derecho penal de la Universidad Frodham de Nueva York, a la AFP.

“Mientras más la posterguen, más gente se dará cuenta de que la pena de muerte no sirve al propósito que se supone que tenía que servir”, explicó.

La escasez de esta droga ha causado algunos problemas en la infraestructura de los estados que aplican la pena de muerte en Estados Unidos.

El central estado de Oklahoma tomó prestadas algunas dosis de su vecino Arkansas.

En un caso más sorprendente, California (oeste) y Arizona anunciaron este mes que obtuvieron tiopental y que pretenden llevar a cabo inyecciones letales, según documentos judiciales. Pero las autoridades penitenciarias de ambos estados se niegan a informar dónde compraron el producto.

En su demanda, los abogados de Landrigan expusieron la gravedad del caso.

“Landrigan enfrenta un importante riesgo de que el Departamento de Correccionales de Arizona haya obtenido, sin saberlo, una droga falsa o inviable”, argumentaron en su petición a la Corte Suprema del estado.

“Si la segunda o tercera droga (que se inyectan en el proceso de ejecución luego del tiopental), el bromuro de pancuronio y el cloruro de potasio, se inyectaran en un prisionero que no está bien anestesiado, el resultado es un dolor atroz, lo que viola la octava enmienda” de la Constitución donde se prohíbe el castigo cruel, dijeron los abogados.

Los juristas señalaron que Hospira es el único fabricante aprobado por la agencia de control de alimentos y medicamentos (FDA) en Estados Unidos y que cualquier nuevo tiopental sólo podría provenir de otro país.