Los diputados Enrique Accorsi (PPD) y Gabriel Silber (DC), junto al abogado ambientalista Marcelo Castillo, anunciaron este lunes que presentarán una querella para que el Ministerio Público investigue el eventual “uso malicioso” que se hace de la ley minera con fines distintos a lo que persigue ésta.
Los diputados y el abogado coincidieron en que a través de la ley minera y también con derechos de agua, desde hace tiempo, individuos se hacen propietarios del uso de los derechos mineros y de agua en ciertos terrenos y los dejan inscritos en registros, de modo que cuando va a ocurrir una explotación de un yacimiento u otro perjudican directamente a los propietarios de esos inmuebles que quieren vender para esa explotación dado que les piden una compensación en dinero a cambio de que sean retirados los derechos y puedan hacer la venta.
Los diputados y el abogado llamaron a los propietarios de los terrenos ubicados en los 2 mil 500 kilómetros de largo y 350 metros de ancho por donde pasaría la línea de transmisión del proyecto Hidroaysén para que se comuniquen con ellos en el Congreso con el fin de que se hagan parte de la querella que será presentada el próximo lunes en los tribunales.
El abogado Castillo, junto a los diputados, explicó que los dueños de los terrenos en esa franja del tendido eléctrico se verían perjudicados “porque al constituirse pertenencias mineras se desvalorizarán los predios superficiales de manera tal que al momento de pretender construir el tendido eléctrico los montos que tengan que pagarles a los propietarios probablemente serán menores de lo que verdaderamente valen, porque existe una concesión minera”.
“La ley minera al favorecer el interés minero se desnaturaliza cuando hay otros fines, no para fines mineros, sino para hacer un negocio. A través de la querella queremos denunciar el uso abusivo que está haciendo un grupo de personas a través de la legislación minera para perjudicar a los propietarios de los predios superficiales”, expresó Castillo.
Por su parte, el diputado Accorsi dijo que también se vería perjudicado el Estado porque el tendido eléctrico también pasaría por Parques Nacionales.
Accorsi dijo que con el diputado Silber hace ocho meses hicieron una presentación en la Contraloría para que el contralor se pronuncie sobre el “uso malicioso de la ley minera”, pronunciamiento que está pendiente, dijo.
“Ojalá que a la brevedad tengamos el pronunciamiento de la Contraloría. Pero aquí se da esto no sólo en materias medioambientales, sino que también en materia urbanística y de otro tipo. Se usa la ley minera para obstaculizar proyectos o favorecer proyectos. Por ejemplo, todas las centrales termoeléctricas o las zonas de las represas de las hidroeléctricas, lo primero que hacen es pedir el recurso de la ley minera cosa de proteger su proyecto, y lo que estamos denunciando hoy es el uso malicioso de esta ley sobre todo lo que tiene que ver con el trayecto de la línea de transmisión en la probabilidad que se constituya Hidroaysén, porque esta es una franja que se constituiría en ‘la mina más larga del mundo’”, expresó Accorsi.
Por su parte, el diputado Silber sostuvo que “básicamente lo que queremos es generar un precedente judicial respecto a lo que por años ha sido el abuso de la ley minera sin un genuino interés del uso o explotación de un yacimiento, sino por el contrario con fines absolutamente especulativo y en particular en este caso para perjudicar directamente a los propietarios donde eventualmente se llegue a instalar las líneas de transmisión eléctrica del proyecto Hidroaysén. Nosotros creemos que es hora de poner el cascabel al gato”.
Asimismo agregó que “esta situación la vemos reiterada no sólo en la ley minera sino en materia de agua, donde muchos hacen franqueos de los derechos y garantías de una ley por el sólo afán especulativo de negociación, y eso es ponerse al margen de los fines perseguidos por instituciones o legislaciones que hoy queremos poner en juicio con esa presentación que haremos ante los Tribunales de Justicia”.
