Un caso similar al del ministro Emilio Elgueta denunció esta mañana la abogada Alejandra Silva, quien señaló “se trata de una situación preocupante de tráfico de influencias para resolver situaciones familiares”.
La historia comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando la madre de los menores se trasladó con sus hijos desde Arica a Santiago, ocasión que fue aprovechada por el juez de garantía de Arica, Gonzalo Díaz González para presentar una falsa denuncia por presunta desgracia y luego solicitar la custodia de los niños por no estar seguros con la madre.
De acuerdo a la abogada nunca hubo desgracia alguna y los menores se comunicaron con su padre. Sin embargo, en cumplimiento de la denuncia de Díaz González, la PDI allanó no sólo el departamento de la madre de los menores, sino que también el de la abuela y el de una tía, en un “hecho insólito por la cantidad de diligencias que se han realizado para una presunta desgracia desmentida a priori”, señaló la abogada.
Para la diputada María Antonieta Saa, “no es posible que miembros del poder judicial se aprovechen de su condición para beneficio propio, pasando a llevar los derechos de las personas y la ley”.
Finalmente, la jurista Alejandra Silva lamentó que su clienta se encuentre “escondida como una delincuente por el sólo hecho de querer estar con sus niños, que por lo demás es un derecho de ellos. Por muy juez de la República que sea el padre, no puede utilizar sus influencias para privar de madre a los niños”.
