7 personas fueron sentenciadas este lunes por las torturas cometidas al interior del centro de detención Tejas Verdes, ubicado en San Antonio, y que fue ocupado por agentes represivos durante la dictadura.
El ministro en visita, Alejandro Solís, sostiene en su sentencia que el delito de torturas es un ilícito de lesa humanidad, por lo tanto, no prescribe y desde ese punto de vista, dictaminó cinco años y un día de presidio para el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, por las torturas que sufrieron 20 víctimas. Misma suerte corrieron los agentes de inteligencia Nelson Valdés, Raúl Quintana, Klaudio Kosiel y Víctor Orvietto.
Los antes mencionados recibieron el beneficio de la libertad vigilada, pero se les ordenó en el aspecto civil a pagarle 10 millones de pesos a las familias de cada uno de las 20 víctimas de torturas en este recinto.
En tanto, el juez Solís condenó a tres años de presidio a David Miranda y Jaime Núñez. Estos dos también recibieron el beneficio de la libertad vigilada y tendrán que pagarle 10 millones de pesos a cada una de las familias de las seis víctimas por los que fueron condenados.
