El nuevo gobierno de coalición británico presentó el lunes un primer programa de recortes inmediatos del gasto público por 6.200 millones de libras (8.900 M de dólares, 7.200 M de euros) que fue acogido positivamente por la patronal y con temor entre los sindicatos.

Los recortes afectan a todos los ministerios, pero Sanidad, Defensa y Desarrollo Internacional podrán reinvertir en sus servicios esenciales los ahorros que hagan en otros ámbitos.

Las “quangos” (organizaciones casi gubernamentales), organismos parapúblicos que se multiplicaron bajo los sucesivos gobiernos laboristas, serán fuertemente reducidas. Los gastos de informática y los abastecimientos en general sufrirán.

La segunda clase reemplazará a la primera en los desplazamientos oficiales, y trasladarse a pie estará aconsejado cuando sea posible. Las contrataciones están congeladas.

En resumen, se trata de “enviar una onda expansiva” por los ministerios e instaurar “controles draconianos” sobre cierto tipo de gastos, resumió el secretario de Estado del Tesoro, el liberal demócrata David Laws, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Finanzas, George Osborne.

Osborne señaló que “es la primera vez que este gobierno anuncia decisiones difíciles sobre el gasto público, pero no la última”.

Este primer paquete de medidas irá seguido el 22 de junio de un nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal que concluye a fin de marzo de 2011, así como de una revisión completa del gasto público el próximo otoño boreal.

Osborne señaló que el Reino Unido es el país que tiene el mayor déficit entre los 27 de la Unión Europea (UE), con 156.100 millones de libras en el ejercicio que cerró el 31 de marzo, 11,1% del PIB (Producto Interior Bruto).

Osborne aseguró que “el Reino Unido está ahora en la vanguardia de la responsabilidad presupuestaria”, determinación que espera sea apreciada por los inversores extranjeros.

Estas palabras agradaron a la CBI, la primera organización patronal del país. Su director general, Richard Lambert, observó que “igual que el sector privado actuó enérgicamente para bajar sus costes durante la recesión, el sector público debe hacer lo mismo”.

Michael Saunders, economista de Citigroup señaló que 6.200 millones de libras de ahorros “no deberían hacer descarrilar la economía”: es sólo 1% del gasto público y 0,4% del PIB.

Pero esta visión macroeconómica no tiene en cuenta el futuro inmediato de los organismos y funcionarios afectados. Entre los primeros, varios expresaron temores este lunes, mientras los sindicatos alertaban sobre un posible aumento de la tasa de desempleo tras estas medidas.

Bob Crow, del sindicato RMT, estimó que estos proyectos marcan “el inicio de una guerra de austeridad que podría provocar un enorme agujero en los servicios públicos del país y hacer subir el desempleo a niveles thatcherianos, o incluso peor”.

El ex ministro de Finanzas laborista, Alistair Darling, pidió por su parte a la coalición que diga claramente “qué impacto real tendrán estas medidas en las empresas y las familias”.

Para los hogares, lo peor está todavía por venir. Los economistas creen que las subidas de impuestos serán inevitables en el presupuesto de junio.

En cuanto a Osborne, situó las decisiones del gobierno en un contexto ideológico más amplio. Se trata según él de obtener “un Estado más reducido en una sociedad más desarrollada”, y que “cada uno de nosotros asuma más responsabilidades para su vida en esta sociedad”.