Convencionales proponen subir a 2/3 quórum para que actual Congreso modifique nueva Constitución
La noche del martes finalizó el plazo para que los convencionales ingresaran sus indicaciones a las propuestas generales de normas transitorias. Entre las enmiendas está el fin del Senado en 2026. Además, se propone que la actual legislatura pueda reformar la nueva Constitución -en caso de que esta sea ratificada en el Plebiscito de Salida- con un quórum de 2/3.
Al filo del plazo, los convencionales de los distintos colectivos entregaron sus propuestas que buscan definir la entrada en vigencia de la Nueva Constitución, en el caso de que gane el Apruebo en el Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.
Se trata de las normas transitorias, tema que ha generado un amplio debate al interior de la Convención y que obligó a los distintos sectores a desarrollar intensas negociaciones.
Finalmente, cerca de la medianoche del miércoles, convencionales del Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Pueblos Originarios e Independientes No Neutrales, lograron acordar una propuesta de normas transitorias.
Convencionales proponen quórum de 2/3 para modificar nueva Constitución
En primer término, señala que “las normas de Reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026″.
Asimismo, proponen que para que el Poder Legislativo pueda hacer cambios, se necesiten dos tercios de los votos de los legisladores en ejercicio.
De esta forma, se eleva el quórum de mayoría simple, buscando evitar que el Congreso pueda hacer modificaciones a la nueva Carta Magna con menos cantidad de votos.
“Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio”, se indica.
La propuesta fue destacada por convencionales, como Constanza Schonhaut y tomas Laibe.
No obstante, otros, como el DC Fuad Chahín, fustigaron la propuesta, asegurando que prácticamente se declara “interdicto” el actual Congreso.
Propuesta incluye Comisión que fue pedida por el Gobierno
Pero además, la propuesta incluye una Comisión para la Implementación de la Constitución, que deberá ser convocada por el Presidente de la República.
Precisamente, esto último es parte de las ideas que planteó el ministro Giorgio Jackson durante su última visita a la Convención, en Antofagasta.
Esta comisión “dependerá del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y estará encargado de diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la implementación de las normas constitucionales en sus aspectos legales y administrativos, así como proponer mecanismo de evaluación y monitoreo del proceso de implementación de la nueva Constitución”.
Eliminación del Senado en 2026
En esa línea, se propone que el período presidencial iniciado en marzo de 2022 termine en marzo de 2026. Y la elección presidencial se realizará en noviembre de 2025 y el próximo período presidencial comenzará en marzo de 2026.
En este último año, además, se termina el Senado dando paso a la Cámara de las Regiones, organismo al que podrán postular los senadores. Aunque, todos quienes sean electos, por esta única vez, durarás tres años en el cargo.
“Todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección. Las y los actuales integrantes del Senado podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las regiones que se realizará en 2025, de ser electos en los comicios celebrados en 2025 para ejercer como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se reputará la legislatura correspondiente al periodo 2026-2030 como su primer periodo en el cargo”, señala.
Otro de los puntos propuestos por el Gobierno, tiene relación con la continuidad laboral de los funcionarios públicos en los organismos que la nueva Constitución modifica.
Esto fue tomado en cuenta en una de las normas transitorias, donde se indica que “los funcionarios de los servicios u órganos del Estado cuya denominación, organización, funciones o atribuciones sean modificadas por esta Constitución, o los de aquellos que sean modificados o transformados continuarán desempeñando sus labores, sin solución de continuidad, en los nuevos servicios u órganos públicos establecidos por esta Constitución, según corresponda”.
“El personal de dichos servicios u órganos mantendrán los mismos derechos y obligaciones reconocidos por la ley y sus estatutos a la fecha de vigencia de esta Constitución”, agrega.
Redistribución de aguas y fin a concesiones en las cárceles
Así también, se incluye la redistribución de los caudales de las cuencas, como una forma de regular el uso de agua.
“La Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas. Este proceso comprende la elaboración de informes de diagnóstico y evaluación a nivel regional, que se desarrollará por etapas y priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Dentro del plazo de 6 meses, iniciará el primer proceso regional”, señala.
Respecto al Poder Judicial, se propone que “los abogados integrantes de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones terminarán el período para el cual fueron nombrados. Desde la entrada en vigencia de esta Constitución, no se realizarán nuevos nombramientos”.
Por último, entre las disposiciones más llamativas, se incluye que no se podrán abrir nuevas licitaciones en establecimientos penitenciarios desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Mientras que las cárceles, que actualmente estén bajo este régimen, lo mantendrán hasta el término de la concesión.