Libertad vigilada intensiva. Esa es la pena sustitutiva que estableció la justicia para tres condenados por el Caso Cuentas Corrientes. Una trama de corrupción que incluyó las más variadas coimas hacia alcaldes y funcionarios municipales para adjudicar millonarias licitaciones públicas a la empresa Gestión Global SpA.
El estacionamiento de un supermercado, un subterráneo y la Plaza de Armas de Chillán fueron los lugares elegidos para la entrega de los sobornos. Entre los pagos figuran maletines con dinero en efectivo e incluso la compra de camisetas para el equipo de fútbol de un tesorero municipal, quien debía apurar los desembolsos en favor de la compañía.
En total, el perjuicio fiscal se empina por, al menos, los 1.000 millones de pesos.
LAS COIMAS
“Ya, es que lo que pasa es que nosotros asumimos… Bueno, no sé si asumimos, qué sé yo, de mala forma o de buena forma, pero apuramos todo este trámite pensando en concluir el tema luego, ¿me entiende…?”.
Quien habla es Edgardo Suazo Jiménez, ex jefe de gabinete de la municipalidad de San Ignacio. Al otro lado del teléfono está Rodrigo Carmona Olivarez, ingeniero comercial y líder de la asociación que se hizo de las licitaciones al margen de la ley, según la indagatoria.
La idea de Suazo —de acuerdo con la investigación del Ministerio Público— era apurar los pagos de sobornos, luego de que la empresa de Carmona, Gestión Global SpA se adjudicara una millonaria licitación.
En simple, el ingeniero montó una maquinaria para hacerse de concursos públicos para supuestos estudios de “viabilidad financiera y jurídica” a diferentes municipalidades de todo el país. A través de reuniones cerraba tratos con diversas autoridades comunales para que su empresa se adjudicara como ganadora.
En el papel, Carmona conseguiría —a través de sus servicios— mejores tasas de interés para el manejo de las cuentas corrientes de cada municipalidad. El problema es que —según fiscalía— ninguno de las casas edilicias realmente necesitaba esas prestaciones del “experto”. Cada una contaba con la capacidad técnica para hacerlo por cuenta propia.
MODUS OPERANDI
El proceso se desarrollaba en dos etapas: primeramente, los municipios contrataban un estudio de viabilidad financiera y jurídica, que evaluaba si valía la pena abrir cuentas bancarias para manejar sus fondos. Luego, una vez realizado el estudio, se efectuaba una segunda licitación para definir qué banco administraría las cuentas corrientes y bajo qué condiciones.
El pago que recibía Carmona era un honorario mensual, calculado como un porcentaje de los intereses que el banco le pagaba a la municipalidad tras la apertura de esas cuentas. Es decir, mientras más ganara el municipio por intereses, más dinero recibía él.
Según la indagatoria, para hacerse de las licitaciones, Carmona sobornaba a los alcaldes. De acuerdo con el CDE, ocurrió con Guillermo Yeber Rodríguez, alcalde de Bulnes; y el de San Ignacio, César Figueroa Betancourt.
LA DETENCIÓN
De acuerdo con una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carmona —el dueño de la empresa— ofreció al alcalde Figueroa una coima de $5 millones. Lo hizo —reza el libelo— a través de Krysler Monroy, director de salud de la municipalidad.
El objetivo era justamente que la municipalidad diera inicio a la licitación del “estudio de factibilidad” y se la adjudicara a Gestión Global SpA. Una vez que Figueroa aceptó, se concretó la entrega del dinero —a través del jefe de gabinete, Edgardo Suazo— en dos particulares lugares: el estacionamiento del supermercado Jumbo de Chillán y el estacionamiento subterráneo del Paseo Arauco, en la capital de la región de Ñuble.
Según se desprende de la presentación judicial, sólo alcanzaron a realizar esos dos pagos, de un millón de pesos en efectivo cada uno. El primero se lo distribuyeron entre Monroy, Figueroa y Suazo. El segundo no alcanzaron a repartirlo: fueron detenidos inmediatamente después de la transacción. La Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI les cayó encima en plena vía pública. Hallaron el dinero en billetes de $20 mil.
Las coimas en San Ignacio alcanzaron incluso al tesorero municipal, Hugo Troncoso Salazar. El funcionario, un ferviente fanático del fútbol, renovó la indumentaria de su equipo amateur a cambio agilizar los traspasos de dinero en favor de Carmona. ¿El total para el empresario? 300 mil pesos.
PLAZA DE ARMAS
Las operaciones ilícitas siguieron 30 kilómetros al norte de San Ignacio, en la comuna de Ñiquén. Allí, Rodrigo Carmona junto a su colaborador, Rodrigo Sandoval Terán le ofrecieron —según la causa judicial— $6 millones al alcalde Manuel Pino Turra y al jefe administrativo del Departamento de Administración Municipal (DAEM), Carlos Fernández Aedo.
Aquí el motivo era el mismo: que el municipio convocara a una licitación pública para el “estudio de factibilidad jurídica y financiera” y se la adjudicara a Gestión Global SpA. Los funcionarios aceptaron el acuerdo.
En la Plaza de Armas de Chillán —en mayo de 2022— se realizó la entrega del dinero en efectivo por parte de Carmona a Fernández. Tras recibir el pago, el funcionario se quedó con un 40% y el jefe comunal con un 60%, versa la presentación del CDE.
De la misma forma, para resultar ganadores de la licitación “estudio financiero del servicio educativo municipal”, la dupla Carmona-Sandoval le ofreció $3 millones de pesos al jefe del DAEM. Tras aceptar el dinero, este último envió a Rodrigo Sandoval las bases de la licitación antes de su publicación. El pago sería realizado una vez adjudicado el proyecto.
EL DEPÓSITO
En Bulnes la historia se repite. Rodrigo Carmona le ofreció un soborno al administrador municipal, Salvador Lavagnino Humeres. La propuesta tenía como fin la colaboración para quedarse con la licitación. Lavagnino —afirma el CDE— aceptó el beneficio económico e incluyó un documento proporcionado por Carmona en las bases de la licitación.
Respecto a esta coima, el órgano colegiado sostiene que se efectuó un pago de $1,5 millones de pesos, transferido desde la cuenta de Gestión Global SpA a la cuenta de la cónyuge de Lavagnino, en octubre de 2022.
El exalcalde Guillermo Yeber también se vio envuelto en los sobornos. Carmona le ofreció $2 millones para que abriera y adjudicara una licitación a su empresa. Yeber aceptó el soborno. El pago se realizó de manera presencial el 15 de noviembre de 2022 en Chillán, según el CDE. La suma fue depositada por el exjefe comunal al día siguiente en su propia cuenta corriente.
MÁS ALLÁ DE ÑUBLE
Las redes de Carmona no se limitaron a Ñuble. Entre 2012 y 2022, Gestión Global SpA participó en 81 procesos licitatorios a nivel nacional y se adjudicó 72. Varios de esos procesos siguen abiertos y tienen peligro a decenas de jefes comunales.
En Hijuelas, región de Valparaíso, por ejemplo, el representante legal de Gestión Global le ofreció 2 millones de pesos al director de Salud Municipal, Rodrigo Sepúlveda Espinoza. ¿La causa? que influyera sobre el administrador municipal en la adjudicación de una licitación a favor de Carmona. Sepúlveda —reza la querella del CDE— aceptó la oferta.
Las redes surtieron efecto: el administrador —apunta el libelo— le envió a Carmona una “carta oferta” que favorecía directamente a Gestión Global, incidiendo en la decisión de publicar la licitación.
El pago fue realizado mediante una transferencia bancaria. Con fecha 23 de marzo de 2023, Carmona transfirió al menos $2 millones de pesos desde su empresa “Inversiones Pedro Carmona e Inversiones Limitada” a la cuenta de Sepúlveda, establece la querella.
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS
El 27, 28 y 29 de octubre se llevaron a cabo los primeros juicios abreviados de este caso. En el Juzgado de Garantía de Bulnes se dieron a conocer las sentencias para Paula Milanese, Rodrigo Sandoval, Krysler Monroy y Axel Quezada. La primera de ella es una figura clave: con el fin de simular competitividad, la arquitecta —con su empresa Asesca SpA— participaba en los mismos procesos de licitación que Gestión Global.
Sin embargo, la oferta de Asesca era menos competitiva que la ofrecida por la empresa de Carmona, lo que redundaba en la victoria de este último. Así las cosas, Milanese fue condenada por el delito de estafas reiteradas como coautora. Según estableció el tribunal, las maniobras fraudulentas realizadas junto a Rodrigo Carmona ocasionaron un perjuicio fiscal de, al menos, 990 millones de pesos.
Su condena quedó fijada en 3 años y un día de presidio menor, pero se le concedió una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el mismo periodo de tiempo. Además, deberá pagar una multa de 60 UTM ($4,1 millones).
En cuanto a Rodrigo Sandoval, el colaborador de Carmona, fue condenado por el delito de soborno como autor, específicamente por su rol en la licitación DAEM-Ñiquén. Se le impuso una pena de 540 días de reclusión menor, pero se le concedió la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena por dos años.
En conversación con BBCL Investiga, Giovanni Gotelli —el abogado de Rodrigo Sandoval— sostiene que su representado aceptó el procedimiento abreviado por temas económicos.
—Hasta el día de hoy me dice que no lo cometió. Para él estar sometido a este juicio inmenso que va a durar meses por una arista que debía durar en el peor de los casos dos días, era imposible desde económico porque no puede estar tres o cuatro meses sin trabajar. Tampoco era sostenible pagar una defensa privada que lograra sostener un juicio en estas condiciones —explica.
JUICIO ORAL EN 2026
A Krysler Monroy —exdirector de salud de la municipalidad de San Ignacio— se le condenó como cómplice del delito de cohecho. Se le impuso una pena de 540 días de reclusión menor, pero se concedió una pena sustitutiva de remisión condicional por un año. Su abogado no estuvo disponible para este artículo.
Además, los cuatro sentenciados deberán pagar distintas multas que rondan entre los $1,3 y $1,8 millones de pesos. Por otro lado, no podrán ejercer cargos u oficios públicos durante el transcurso de su pena.
Entre los acusados restantes existen dos grupos: quienes han accedido a la suspensión condicional del procedimiento y otros —como Rodrigo Carmona—, que conocerán su futuro en el juicio oral que comenzará el 6 de marzo en adelante. Arriesga 22 años de cárcel.
—El proceso continuará en marzo del 2026 —dice el defensor de Carmona, Felipe Polanco, a BBCL Investiga.
Los exalcaldes César Figueroa; de Ñiquén, Manuel Pino; y de Bulnes, Guillermo Yeber también enfrentarán un juicio oral.