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En marzo de 2016, la ONU tomó una decisión inédita: crear una lista de compañías involucradas en la colonización ilegal de Palestina.
La idea surgió debido al alto número de empresas privadas que contribuían a negar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, cuya implementación ya había sido considerada por la Corte Internacional de Justicia en 2004 como una responsabilidad de todos los Estados miembros de la Convención de Ginebra relativa a la Protección de Civiles en Tiempos de Guerra. Ello también se dio en el contexto de la guía de la ONU sobre los «Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos», a la que Chile adhirió en 2011.
Cientos de empresas han sido investigadas mediante un meticuloso proceso de la ONU para determinar su inclusión en la lista. La empresa número 49 de ese listado es «Dan», responsable de proporcionar transporte a las colonias ilegales en el territorio palestino ocupado, en beneficio de la empresa colonizadora. Esa misma empresa fue visitada por la Embajada de Chile en Israel, encabezada por el embajador Gabriel Zaliasnik, que señaló que «se exploró el interés y las posibilidades de participación de Dan en futuros proyectos e inversiones en Chile».
La visita del embajador Zaliasnik y su equipo a Dan no ocurre en un vacío. Durante las últimas semanas, países como Gran Bretaña, Francia, España, Noruega, Canadá, Bélgica y Holanda, entre otros, han anunciado sanciones contra productos y servicios de las colonias israelíes ilegales, algo que incluye a Dan. Uno de los primeros anuncios del Ministerio de Economía israelí fue la creación de un equipo especial para ayudar a las compañías afectadas a buscar mercados alternativos, incluyendo específicamente a Chile en la lista de potenciales socios de esas empresas.
La empresa Dan ha sido descrita por la ONG israelí «Who Profits» como un grupo especializado en transporte y bienes raíces. Durante los últimos años, la empresa se ha visto involucrada en la construcción de cientos de unidades habitacionales en colonias israelíes en Jerusalén Oriental y sus alrededores. De igual forma, participa en la construcción de infraestructura de transporte para facilitar la colonización de una serie de lugares alrededor de Jerusalén, incluidas las colonias ilegales de Gilo y Giv’at Hamatos, donde, entre las familias palestinas afectadas por la expropiación de sus tierras, se encuentran varias familias de nacionalidad chilena.
Gilo está construida principalmente sobre tierras de Beit Jala, mientras que Giv’at Hamatos se encuentra entre Beit Jala y Beit Safafa. La construcción de ambas colonias, junto con «Har Homa», entre Belén y Beit Sahour, busca dividir las ciudades hermanas de Jerusalén y Belén, ambas ubicadas en territorio ocupado ilegalmente por Israel y unidas por miles de años de historia.
La Guía de la ONU para Empresas y Derechos Humanos establece que «los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleven a cabo transacciones comerciales». Abrir mercados a empresas involucradas en crímenes investigados por la Corte Penal Internacional y cuyas actividades han sido determinadas como ilegales por la Corte Internacional de Justicia no debería ser el papel de un representante de Chile.
Si esos crímenes, además de generar un peligroso precedente para el sistema internacional, afectan también a los ciudadanos que el embajador debería defender, esto constituye un precedente inédito para la diplomacia chilena. Probablemente, el único embajador ante Israel que toma acciones en contra de sus propios ciudadanos sea el embajador del presidente Donald Trump, Mike Huckabee, un pastor evangelista que cree que su interpretación errónea de la Biblia, rechazada por todos los jefes de las iglesias en Jerusalén, es más relevante que el derecho internacional.
El Gobierno de Chile insiste en que no ha cambiado su posición sobre Palestina y que esta se basa en el derecho internacional. Sin embargo, la práctica señala algo distinto. Un embajador como Gabriel Zaliasnik, que, en el contexto de la presentación de sus credenciales ante el presidente israelí Isaac Herzog, se define como «profundamente sionista», claramente no considera que Jerusalén Oriental sea territorio ocupado y, por ende, las actividades de Dan parecen legítimas.
Esa no es la primera vez que la misión de Chile en Tel Aviv ha intentado normalizar la imposición ilegal de la soberanía israelí sobre Jerusalén, en violación de las resoluciones 476, 478 y 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile sabe muy bien todo eso, pero vale la pena preguntarse si en el edificio del ex Hotel Carrera se entienden las consecuencias de esos pasos.
El comercio con empresas vinculadas directa o indirectamente con la ilegal ocupación de Palestina es un símbolo de complicidad. Chile, a diferencia de otros países, no ha aprobado legislación al respecto, pero eso no significa que no tenga la obligación de implementar el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Empresas involucradas en proyectos similares, como la española OSSA, tienen presencia en Chile. El hecho que una embajada de Chile está activamente buscando contacto con esa clase de empresas dice bastante sobre la actual posición de Chile sobre Palestina.
La histórica posición de Chile en favor de la implementación del derecho internacional debe reflejarse en hechos concretos. Contribuir a la economía de la colonización israelí no es uno de ellos; todo lo contrario, revierte los esfuerzos diplomáticos que durante años han buscado fortalecer un sistema internacional basado en normas, incluso en lo relativo a la relación entre las empresas y los derechos humanos, y no en intentos de normalizar crímenes de guerra.
Xavier Abu Eid
Habitante de Ramallah, Cisjordania.
Politólogo.
PhD de Trinity College Dublin.
Exasesor del Equipo Negociador Palestino.
