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El jueves 8 de octubre bastaron tres horas de lluvia para que la quebrada que baja hacia San Carlos de Apoquindo se transformara en un río de barro y piedras que arrastró automóviles, un bus del transporte público e ingresó a las viviendas.
El balance de Senapred reportó 384 damnificados, cerca de mil personas evacuadas, seis lesionados —incluyendo un niño de un año— y 56 casas destruidas. En Talagante, más de seiscientas viviendas debieron ser evacuadas por anegamientos. Diez comunas de la Región Metropolitana quedaron con alerta roja por remoción en masa, y el Ejecutivo decretó zona de catástrofe en Las Condes.
La Dirección Meteorológica calificó el episodio como poco frecuente: no por volumen total, sino por concentración.Pocos milímetros en muy poco tiempo, en plena primavera, sobre suelos con pendiente. Ningún evento aislado puede atribuirse de manera unívoca al cambio climático, pero implicaría una negligencia intelectual ignorar que este es precisamente el patrón que la ciencia anticipa para la zona central de Chile: menor frecuencia de precipitaciones, pero de alta intensidad, con isotermas más altas y ciclos alterados.
La pregunta ciudadana e institucional ya no es si estos episodios se repetirán, sino si el Estado dispondrá de la capacidad de anticipación cuando ocurran.
La señal que emite el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 camina en sentido contrario. El programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático de la Subsecretaría del Medio Ambiente experimenta una reducción real, bajando de $1.714 millones a $1.383 millones (un 19,3% menos). Más grave aún es el retroceso en la línea destinada a Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional, que cae de $717 millones a $293 millones: prácticamente seis de cada diez pesos desaparecen.
El argumento habitual en el debate legislativo suele ser que la partida ministerial crece en su conjunto. Es efectivo, pero ese incremento responde casi en su totalidad a la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Dicho en otros términos: se expande la institucionalidad de conservación, pero se desfinancia la herramienta directa que permite que los territorios y las ciudades absorban de mejor manera el impacto hídrico.
Los montos en discusión son marginales en la escala macroeconómica del erario nacional. Es por ello que el recorte resulta elocuente: no obedece a una estrechez fiscal ineludible, sino a una definición deficiente de prioridades. Ahorrar recursos en planificación y adaptación territorial mientras se despilfarran fondos extraordinarios en mitigar los efectos de las zonas de catástrofe es la forma más cara de administrar el Estado.
Cada peso que se omite en prevención se multiplica exponencialmente después en reconstrucción, en subsidios de emergencia y, sobre todo, en la alteración permanente de la vida de las familias.
La Ley Marco de Cambio Climático obliga al Estado a contar con instrumentos de planificación sectorial y regional; exigir su cumplimiento mientras se restringen los recursos operativos para su ejecución es una contradicción insostenible.
La discusión de la partida presupuestaria se encuentra abierta en el Congreso. Reponer los fondos del programa de adaptación y de nuestros compromisos internacionales no constituye un gesto simbólico frente a la emergencia: es la condición mínima para que la próxima lluvia no nos sorprenda contando daños que pudimos evitar.
El cambio climático no se negocia en la Ley de Presupuestos; lo que allí se decide es cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestra propia desidia.
