Un llamado a la unidad, apoyo a uniformados, y duros reproches hacia quienes acusan de haber “respaldado la violencia” durante el 18-O. Ese es el tono de la declaración conjunta que presentaron los líderes de partidos oficialistas y sectores cercanos a la centroderecha y derecha, de cara al séptimo aniversario del 18 de octubre de 2019.
El documento, titulado “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”, reúne a Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Cristiano de Chile y Demócratas.
La carta de la derecha en la previa a un nuevo 18-O
Los convocantes plantearon que el objetivo de esta declaración es promover la unidad en torno a la defensa de la democracia, la condena transversal a la violencia y el compromiso de que Chile no vuelva a vivir los hechos de octubre de 2019.
Sin embargo, la declaración también contiene una dura acusación política contra sectores a los que responsabilizan de “justificar la violencia”, aunque no identifica a partidos ni dirigentes.
El texto parte calificando el estallido como “uno de los peores episodios que recuerde la historia reciente de Chile”. Luego sostiene que el 18 de octubre “no fue solo una crisis social, sino el inicio de un camino de violencia, deterioro económico e inseguridad cuyas consecuencias aún Chile paga”.
A eso agrega que hubo quienes buscaron instrumentalizar lo ocurrido, creyendo que “de la promoción del odio y la violencia social obtendrían un rédito político”.
Los reproches políticos del oficialismo
El pasaje más confrontacional aparece bajo la frase “No retroceder”. Allí, los partidos sostienen que hubo sectores políticos que “justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019”.
También los acusan de haber llamado a evadir y de romantizar a la primera línea. Según el documento, esos sectores “convirtieron el saqueo, la quema del Metro, de iglesias y patrimonio cultural urbano en un acto de malentendida justicia para luego indultar delincuentes y premiarlos con pensiones de gracia”.
Así, el llamado a la paz viene acompañado de un reproche hacia decisiones posteriores al estallido. La declaración presenta los indultos y las pensiones de gracia como parte de una misma crítica política.
En paralelo, los firmantes afirman que “no hay causa que justifique la violencia” y condenan las agresiones como método de acción política, “venga de donde venga”.
En esa línea, mencionan la destrucción del Metro, los saqueos, los ataques incendiarios, las funas, las barricadas y las tomas, y sostienen que “no son formas legítimas de expresión”.
Respaldo a las policías
Otro eje del documento es el apoyo a las instituciones encargadas del orden público. “El Estado de Derecho no se negocia. No avalaremos que se relativice el orden público”, señalan.
Los partidos añaden que Carabineros, la PDI, Gendarmería y las Fuerzas Armadas deben contar con “respaldo político, jurídico y social para cumplir su mandato constitucional”.
Aunque el cierre expresa un compromiso “con las víctimas”, el texto no menciona las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido ni aborda las responsabilidades de agentes del Estado. Tampoco distingue expresamente entre las manifestaciones pacíficas y los hechos de violencia.
Las demandas sociales que motivaron las movilizaciones tampoco se desarrollan: la referencia a una “crisis social” da paso a un relato centrado en la destrucción, la inseguridad y las responsabilidades políticas que los firmantes atribuyen a otros sectores.
“No permitiremos que Chile vuelva a la lógica de octubre de 2019, ni a la validación de la violencia o la impunidad”, concluye la declaración.
