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Acabamos de entregar al público la encuesta LCN, en su edición 45, con una entrega especial a siete años del estallido social. Por supuesto, la encuesta fue diseñada para investigar cómo ha evolucionado el estallido, es decir, lo que coloquialmente se plantea a partir de la pregunta sobre cómo ha envejecido el estallido. Dedicamos esta columna a dar los resultados más relevantes y una interpretación que nos parece pertinente y objetiva.
A siete años de octubre de 2019, el estallido social conserva su importancia como acontecimiento histórico, pero ha perdido buena parte de su legitimidad como proyecto de transformación política y social.
La sociedad chilena sigue reconociendo que algo fundamental ocurrió entonces, pero la evaluación de sus consecuencias se ha vuelto predominantemente negativa. El acontecimiento permanece en la memoria, aunque su promesa política se encuentra considerablemente debilitada. El horizonte dejó de ser un horizonte, aunque su debilitamiento es elevado en relación al apoyo original, pero sus puntajes actuales son relativamente competitivos.
El estallido fue recurso político para los distintos sectores. Fue altamente provechoso para la izquierda durante un largo período entre el estallido de octubre de 2019 hasta los primeros seis meses de la Convención Constitucional, lo que permitió el triunfo de Gabriel Boric en su candidatura a la Presidencia de la República.
Sin embargo, ya desde inicios de 2022 comenzó un ciclo favorable a la derecha radical, generándose un ecosistema que comienza con el crecimiento del Partido Republicano, el triunfo electoral a la hora de constituir el consejo constituyente (segundo proceso) en 2023 y que luego de querellas internas generaría un ecosistema más grande donde destacaron el entonces diputado Johannes Kaiser y el actual presidente José Antonio Kast.
El “apruebo” de entrada tuvo el 80% de apoyo al proceso constituyente. El rechazo a las dos propuestas constituyentes puede significar una impugnación radical a todo proceso de institucionalización o una crítica profunda a las dos propuestas realizadas. No tenemos, al respecto, buenos antecedentes para dirimir. Y aunque lo preguntemos, cosa que haremos en la siguiente edición, sus resultados pueden no ser suficientes en absoluto para una conclusión mayor. Las opiniones que recogemos pueden ser un fenómeno, pero un par de opiniones no revelan necesariamente un fenómeno (un asunto que muchas encuestas debieran considerar como límites relevantes de señalar).
Ahora bien, el punto a señalar es que el recurso del estallido ha entrado en una etapa de debilitamiento. El estallido ha perdido rendimiento como recurso político para quienes han construido parte de su posición pública mediante su condena.
Durante los últimos años, la referencia positiva o negativa al estallido permitió articular identidades políticas, establecer fronteras morales y movilizar adhesiones frente a las consecuencias atribuidas a octubre de 2019. Pero ese recurso parece haber alcanzado un punto de saturación y su consecuente estancamiento. Entre quienes mantienen una valoración positiva del acontecimiento, la insistencia en condenarlo tiene escasa capacidad adicional de persuasión. Entre quienes ya lo rechazan, el discurso encuentra una disposición previamente consolidada, sin que ello implique necesariamente la conquista de nuevos apoyos.
El estallido como dispositivo político ha perdido capacidad de acción fuera de los límites de cada sector político definido. Por decirlo así, se ha convertido en una reafirmación interna de la identidad política por izquierda y por derecha, sin capacidad de juego en la población que está en disputa.
Para decirlo de otro modo, el estallido ha entrado en una fase de amortización política. Ha dejado de proporcionar beneficios importantes tanto a quienes pretenden reivindicarlo como a quienes buscan obtener ventajas mediante su deslegitimación. Su capacidad para modificar posiciones políticas parece haberse reducido considerablemente. Sigue siendo un acontecimiento de gran significación histórica, pero ha perdido buena parte de su utilidad como significante ordenador de la competencia política.
Esto no significa que el conflicto que expresó haya sido resuelto. Por el contrario, los resultados de la encuesta muestran que el debilitamiento político del estallido convive con niveles preocupantes de desconfianza institucional, cuestionamiento del sistema político y críticas a las élites. Las condiciones de legitimidad del orden social continúan siendo frágiles.
Aquí aparece una distinción decisiva. La pérdida de confianza en la protesta como mecanismo de transformación no implica necesariamente una recuperación de la confianza en las instituciones. Una sociedad puede abandonar sus expectativas revolucionarias o refundacionales sin reconciliarse con el orden establecido. Puede dejar de creer en la eficacia de la movilización colectiva y, simultáneamente, intensificar su desconfianza hacia las normas, las autoridades y los mecanismos institucionales. Muchos se calman porque el país no muestra visos de un estallido. Pero ese análisis es miope, porque si bien un estallido es un punto de inflexión, el problema de fondo es la confianza en la institucionalidad y, sin ella, la situación siempre estará bajo el signo de la disrupción.
Los indicadores de integración social y cinismo normativo, dos dimensiones que usamos para entrar en el fenómeno y que mostraron capacidad explicativa, muestran precisamente la relevancia de esta diferencia. La pertenencia al orden social se encuentra fuertemente asociada con la identificación política, mientras que la deslegitimación de las reglas presenta una distribución menos convencional. El centro político, lejos de constituir necesariamente un espacio de mayor adhesión institucional, registra los niveles más elevados de cinismo normativo.
Es decir, el centro no está en fase moderada ni es el ‘centro’ que imaginamos en su tradición institucionalista. Más bien al contrario, es el espacio de mayor desapego a las normas. Esto indica que la crítica al sistema no se encuentra confinada a quienes mantienen una posición ideológica de oposición. Un centro disruptivo es probablemente una mala noticia a partir de los conceptos más antiguos de los estudios políticos: Aristóteles sostenía que las clases medias eran la base de la estabilidad de un gobierno. Gran parte del diseño institucional de los estados de bienestar se basó en ello. Hoy parece difícil sostener esa tesis sin un examen incómodo.
Algunas de las preguntas de la encuesta nos muestran su evolución porque son preguntas que realizamos en el pasado, en mediciones desde 2019 a la fecha. La siguiente tabla nos ayuda a observar la evolución.
A siete años del estallido social, la importancia histórica del estallido sigue siendo ampliamente reconocida: el 60% considera que marcó un antes y un después en Chile. Sin embargo, su legitimidad como proyecto de transformación política y social experimentó un deterioro profundo y acelerado durante los primeros años.
La afirmación de que «Chile despertó» en el estallido social cayó del 79,1% en 2019 al 54% en 2022 y al 46% en 2023. Desde entonces, la caída prácticamente se detiene, llegando al 44,4% en septiembre de 2026. Esta trayectoria muestra dos momentos claramente diferenciados: primero, un rápido derrumbe de las expectativas y de la valoración positiva del acontecimiento (entre 2019 y 2022); posteriormente, una meseta que se prolonga hasta la actualidad.
Esto sugiere que el estallido ha alcanzado una estabilización de su significado político en la actualidad: quienes mantienen una valoración favorable constituyen un sector relativamente consolidado, sobre el cual la reiteración de discursos críticos parece tener un rendimiento decreciente. El estallido conserva relevancia histórica, pero su disputa interpretativa parece haber perdido buena parte de su capacidad para modificar las posiciones ciudadanas.
La visión de que “Chile despertó” es mucho más intensa en la izquierda, pero no alcanza este sector a generar más del 65%. Hay más de 20% de quienes señalan que están de acuerdo con el concepto asociado al estallido que se declaran de centro e incluso hay un 12% que corresponde a personas de derecha. Y pase lo que pase, el 44% de quienes consideran que “Chile despertó” en octubre de 2019 es más que la cantidad de personas que se declaran de izquierda.
Las interpretaciones sobre las causas del estallido muestran una estabilidad todavía más significativa. La explicación basada en la existencia de grandes problemas sociales continúa siendo la principal, con un 46,9%, un resultado apenas 4,1 puntos por debajo de 2023. Es decir, sigue siendo mayoritaria la tesis de que problemas sociales estallaron, lo que deja en segundo lugar la tesis de una acción concertada de desestabilización.
Y es que al respecto la tesis de una intervención destinada a derribar al gobierno de Sebastián Piñera aumenta moderadamente, del 29% al 33,6%. Es una fluctuación de solo cuatro puntos porcentuales, un movimiento muy leve si consideramos que la tesis de un presunto golpe asociado al estallido se declaró en septiembre de 2023 (no antes) y desde entonces ha habido diversos actores promoviendo esta perspectiva que, sin embargo, no ha prosperado de manera relevante.
En rigor, estas variaciones son relativamente pequeñas considerando los años transcurridos y las profundas transformaciones del escenario político. La sociedad chilena no parece haber modificado sustancialmente sus explicaciones sobre el origen del acontecimiento.
En particular, persiste una interpretación social que reconoce la existencia de problemas estructurales como causa fundamental del estallido, incluso cuando su desenlace es evaluado negativamente. La distinción es decisiva: el fracaso atribuido al proceso de transformación no ha significado una deslegitimación equivalente de sus causas sociales. De este modo la desvalorización del estallido no está acompañada de una modificación de las causas. Y esto plantea una barrera importante en el desarrollo del argumento político contra el estallido.
La violencia continúa siendo el aspecto más criticado del estallido (42,2%), no muy lejano a las críticas al estallido que se hicieron desde el inicio. Por otro lado, crece moderadamente la percepción de una esperanza frustrada, del 13% al 17,8%. Más que una sustitución de las interpretaciones originales, los resultados muestran su persistencia junto con una evaluación cada vez más desencantada de las consecuencias.
El cambio más profundo se encuentra en la legitimidad de la protesta como instrumento político. Quienes consideran las marchas un mecanismo privilegiado o eficaz disminuyen del 68,4% al 35,4%, mientras quienes las consideran nunca legítimas aumentan.
Lo cierto es que, a partir de estos antecedentes, la probabilidad de una nueva irrupción social con características semejantes a las de octubre de 2019 parece baja. No obstante, es necesario reconocer los límites de esta afirmación: los grandes acontecimientos de ruptura rara vez pueden anticiparse adecuadamente mediante los indicadores tradicionales de opinión pública. Su aparición depende de mecanismos de que se parecen más a fenómenos ‘termodinámicos’ en la sociedad y no a un mero clima de opinión.
Lo que sí resulta plausible (y no deja de ser grave) es un escenario de expansión de conductas anómicas. La desconfianza hacia las instituciones, el debilitamiento de las expectativas de futuro y la percepción de que las reglas no operan de manera legítima pueden favorecer comportamientos de desafección, incumplimiento, transgresión selectiva o retiro de la cooperación institucional. No necesariamente se trata de una disposición a la movilización colectiva. Puede tratarse, por el contrario, de una conflictividad dispersa, sin organización central ni horizonte político compartido.
Esta diferencia es fundamental. El estallido de 2019 estuvo asociado con una extraordinaria capacidad de convertir malestares diversos en una expresión colectiva reconocible. El escenario actual podría caracterizarse por el fenómeno inverso: la persistencia de los malestares sin una forma común de articulación. La crítica al orden puede mantenerse intensa mientras disminuye la confianza en la posibilidad de transformarlo colectivamente.
Por ello, el problema político de Chile no parece consistir hoy en la inminencia de un nuevo estallido social, sino en la posibilidad de una normalización de la anomia. Una sociedad en la que el conflicto deja de concentrarse en grandes acontecimientos de protesta, pero se distribuye en múltiples prácticas cotidianas de deslegitimación de las reglas, las autoridades y las instituciones.
El estallido se ha amortizado políticamente, pero la crisis de legitimidad que contribuyó a expresarlo no ha sido superada. Este es el resultado más significativo de la investigación: el agotamiento de un símbolo de transformación no equivale al fortalecimiento del orden social. Puede significar, simplemente, que la sociedad ha perdido confianza tanto en las instituciones existentes como en los mecanismos disruptivos disponibles para modificarlas. Y eso, bajo cierta perspectiva, puede ser una noticia bastante mala.
Puedes revisar la encuesta aquí.
