Exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura, entidad encabezada por la alcaldesa Camila Merino -quienes fueron grabados en pleno actual sexual en dependencias del municipio a fines de junio de 2025-, irán a juicio, instancia en la que pedirán una indemnización de $200 millones.
La fecha de la disputa judicial entre los protagonistas del registro íntimo -identificados como Sebastián Valenzuela y Alejandra Guajardo– y la municipalidad se fijó para el 27 de noviembre de 2027.
Esta causa fue retomada durante la semana pasada luego de que no prosperara una audiencia de conciliación, ya que la parte demandante declaró que no tienen intención de buscar un acuerdo extrajudicial.
El hecho se remonta a la noche del 25 de junio, cuando ambos implicados fueron grabados y posteriormente viralizados tras la publicación un video en TikTok, el cual suma 28.5 millones de visualizaciones en la plataforma.
Posteriormente, se inició un sumario administrativo en el que concluyó con la destitución de ambos exfuncionarios en noviembre de 2025. Luego, en diciembre del año pasado, el caso llegó al ámbito judicial, ya que, según consignó La Tercera, se presentaron demandas labores el 18 de dicho mes ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, acusando daño moral y exigiendo una millonaria compensación económica.
¿Qué es lo que sigue en el marco del juicio de los exfuncionarios de Vitacura grabados en acto sexual?
En el marco de la audiencia de conciliación se definió la toma de declaración a funcionarios municipales y la realización de un peritaje psicológico, a cargo de la psicóloga Pamela Díaz Contreras -mandatado por el juzgado-, el cual tiene como fin determinar la presunta afectación a la salud mental de los demandantes.
Respecto a lo anterior, uno de los exfuncionarios destituidos manifestó que en la demanda que, “en consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional“.
Asimismo, en la acción judicial se manifiesta que le generó “miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, que en definitiva es una lesiónextra patrimonial“.
Por otro lado, en las pruebas adjuntadas en la causa, aparecen documentos administrativos del sumario realizado y una entrevista a la alcaldesa Merino en Radio Pauta, en la que abordó la posible destitución de los ahora exfuncionarios antes de que se diera a conocer el resultado de la investigación interna.
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