Un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana anunció acciones legales contra funcionarios municipales y médicos involucrados en el uso irregular de licencias médicas para viajar al extranjero. La medida surge tras la investigación de la Contraloría que detectó que más de 25.000 trabajadores públicos viajaron fuera del país mientras gozaban de permisos médicos entre 2023 y 2024.
Los jefes comunales Agustín Iglesias (Independencia), José Manuel Palacios (La Reina), Carol Bown (San Miguel), Isabel Valenzuela (Colina), Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Juan Pablo Olave (Isla de Maipo) presentarán querellas para exigir la restitución de fondos y ampliar la investigación hasta 2020.
Las autoridades buscan cuantificar el daño total al erario público y sancionar a los responsables.
En Independencia, por ejemplo, se identificó a 59 funcionarios que realizaron 123 viajes internacionales durante licencias médicas. En esa línea, Agustín Iglesias sostuvo que “detrás de cada licencia falsa hay una urgencia que no se resuelve. La irresponsabilidad de unos pocos tiene muchos costos, incluso puede costar una vida”.
Las acciones judiciales también apuntarán a los médicos que emitieron certificados sin justificación. Iglesias agregó que “si hubo médicos que facilitaron este engaño, también deberán responder ante los tribunales”.
Escándalo por licencias médicas: alcaldes exigen reformas legales
José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, destacó la urgencia de revisar la normativa actual. “Debemos establecer sanciones, incorporar controles y fortalecer la gestión administrativa. Además, necesitamos un marco que permita destituciones directas ante faltas graves, sin sumarios que sobrecargan a los funcionarios”, afirmó.
En tanto, Carol Bown, alcaldesa de San Miguel, reforzó el compromiso con la transparencia. “Cualquier situación detectada será abordada con seriedad. Nuestra prioridad es servir con honestidad y promover la confianza en la administración local”, dijo la jefa comunal.
Las autoridades comunales insistieron en que el fraude no solo perjudica las arcas fiscales, sino que afecta servicios críticos como salud y educación. Según Iglesias, esto genera un “efecto dominó” que perjudica a la ciudadanía más vulnerable.
El marco legal respalda las acciones: el DFL N°1 del Ministerio de Salud sanciona la obtención fraudulenta de beneficios previsionales (art. 168 y 174); mientras que el Código Penal, en sus artículos 202, 193, 467 y 470 N°8, establece penas para defraudaciones al Estado.
Apuntan a sentar precedente contra la impunidad
Los municipios buscan que este caso siente un precedente para evitar futuros fraudes.
Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina, señaló que la colaboración intercomunal será clave para fortalecer los procesos de fiscalización.
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