El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció una querella por el ataque que sufrió un joven por un grupo de neonazis en una casa okupa de Estación Central, el pasado 5 de junio. Además, solicitaron la intervención del Ministerio del Interior.
A través de un comunicado, lamentaron y repudiaron el ataque cometido por cuatro neonazis, uno de ellos menor de edad, los que secuestraron y torturaron a un hombre de 29 años que acudió al inmueble a buscar sus pertenencias.
Los sujetos, golpearon, desnudaron y amarraron a la víctima a un palo ubicado en el patio de la propiedad, luego de enterarse de su orientación sexual. En ese contexto, lo habrían amenazado con violarlo.
“Este es un hecho deleznable, sobrecogedor, merecedor del repudio de toda la sociedad y de la máxima sanción establecida en la legislación, considerando por cierto la agravante de la Ley Zamudio. Nadie puede ser atacado por su orientación sexual o identidad de género. Ello es inhumano. Estamos muy impactados por lo ocurrido”, señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería.
El dirigente añadió que “hoy hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior todos los antecedentes del caso, de manera que el Gobierno se haga parte presentando una querella, así como brindando a la víctima toda la asesoría legal y psicológica que necesite. Junto con solicitar intervención del Gobierno, presentaremos una querella”.
Desde el Movilh precisaron que la agresión se habría provocado luego de que los victimarios se enteraran de la orientación sexual homosexual de la víctima.
La víctima resultó con fractura de mandíbula, donde recibió un puntapié con un bototo de seguridad, y con hematomas en distintas partes del cuerpo.
Luego de meses de indagatorias, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI detuvo ayer a los responsables. Se trata de Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González y del menor de edad, A.I.G.S.
Para los primeros el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva y para el adolescente arresto domiciliario, fijando un plazo de 20 días para la investigación.
