Tras ser despachado a ley por el Senado a comienzos de este año, el denominado “registro de evasores” del Transantiago comenzará su funcionamiento el martes 5 de junio.
Durante su discusión en el Congreso, algunos expertos y parlamentarios criticaron la iniciativa porque, según ellos, afecta a los pasajeros con menos recursos, bautizándolo incluso como el “Dicom de los pobres”.
La medida permitirá endurecer las sanciones contra quienes no paguen el pasaje del Transantiago. Entre ellas está la no entrega del permiso de circulación, tampoco de la licencia de conducir, ni la devolución de impuestos.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, señaló que busca inhibir la evasión, más que aplicar más castigos y llamó a las personas a colaborar.
A su vez, el Ministerio de Transportes habilitará un sitio web especial para la consulta de los datos. Sin embargo, quienes comercialicen esa información se exponen a sanciones desde presidio menor en su grado mínimo hasta una cifra cercana a $1 millón.
El exsubsecretario de Transportes, Carlos Melo, dijo que esta medida no significará, por sí sola, reducir la evasión, que en el primer trimestre alcanzó el 28,5%.
Para frenar el no pago del pasaje, el Gobierno priorizará las zonas pagas y anunció que los buses nuevos no contarán con torniquete. Medida cuestionada por el académico de la Universidad Diego Portales, Franco Basso.
Además, la multa para los evasores ascenderá a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, sobre los $70 mil.
