Nuevamente se reprogramó la audiencia de formalización del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por el caso de la Embotelladora Llacolén. En este caso también están imputados un exdirector jurídico del municipio y cuatro exconcejales por la condonación de 1.200 millones de pesos a la citada empresa.
Para este miércoles y jueves estaba programada en el Juzgado de Garantía de Coronel la audiencia de formalización de cargos por fraude al fisco respecto a Boris Chamorro, actualmente con su militancia suspendida en el PS; los exconcejales Ariel Durán, René Lucero, Osvaldo Campos y Francisco Reyes; y el exjefe jurídico de la corporación edilicia, Cristian Pinto.
No obstante, nuevamente se reprogramó la audiencia a solicitud de la defensa del alcalde. La instancia quedó agendada para el 26 de octubre, a las 9:00 horas.
Esto se adoptó por la ausencia de los defensores del alcalde, los abogados Waldo Ortega, que continúa con licencia a raíz de un accidente que tuvo en junio, y Magdalena Wyss. Ante esa situación, asumió temporalmente la defensa de Chamorro el abogado Andrés Cruz, que a su vez defiende a Cristian Pinto.
Sobre esto se refirió Cruz, precisando que esto “es meramente circunstancial, atendida la situación de salud que afectó al defensor titular”. También explicó que no ha podido conversar con el alcalde de Coronel.
Mauricio Lártiga, vocero de la Fiscalía Regional del Bío Bío, indicó que “el Ministerio Público en todas estas oportunidades ha instado a que esta audiencia se realice. Es de interés de la persecución penal avanzar justamente en este proceso hasta, eventualmente, un juicio oral”.
Si bien dijo no compartir la decisión del tribunal, la acatan y están convencidos de que los antecedentes que están reunidos en la investigación “son suficientes justamente para poder continuar exitosamente con el proceso penal en contra de estos imputados”.
Finalmente, afirmó que “la Fiscalía tiene una teoría investigativa que es la que va a expresar en la audiencia de formalización. No quisiera adelantar hechos ni calificaciones jurídicas a etapas anteriores”.
De esta forma, en octubre será el quinto intento de la Fiscalía para formalizar al alcalde y otras autoridades comunales por la millonaria condonación a la empresa Embotelladora Llacolén.