Un magro resultado obtuvieron la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado en el segundo juicio por el fraude en la Dirección de Salud (DAS) de Talcahuano, región del Bío Bío.
La justicia desechó el pago de coimas que habrían hecho empresarios a empleados municipales, y también el lavado de activos, por lo que son mínimas las posibilidades de penas efectivas de cárcel.
Tras seis años de investigación y cinco meses de audiencias, el juicio por el fraude en la DAS de Talcahuano terminó con absoluciones y la eliminación de delitos tan graves como el pago de coimas, lo que impedirá la aplicación de penas efectivas de cárcel a los condenados.
En el caso del principal acusado, el exjefe de Abastecimientos de la Dirección de Salud Municipal, el Tribunal Oral de Concepción no dio por probados el cohecho y el lavado de activos, y sólo declaró culpable a Juan Carlos Garcés por fraude al Fisco.
En ese sentido, el abogado defensor, Raúl Bustos, indicó que “estamos de alguna manera conformes por el fallo, nos parece muy adecuado y justo porque en el fondo dos delitos, no cierto, fueron desechados por el tribunal y eso implica una modificación eventual de lo que sostuvo todos estos largos cuatro años la prisión preventiva, que era la cantidad de delitos y las penas que se estaban pidiendo por esos delitos”.
Otro revés para el Ministerio Público fue la absolución de quien fuera el director de la DAS, Eduardo Domínguez, y de la empresaria Claudia Orrego, ambos perseguidos por fraude al Fisco, logrando probar la Defensoría Penal la total inocencia de ambos,
Al respecto, el defensor Gonzalo Benavente sostuvo que “logramos a través de un trabajo arduo, sistemático, con el equipo de trabajo de defensores y la prueba de cargo que se rindió en juicio, acreditar la inocencia de nuestros imputados, no tan solo de de mi representada, sino que también respecto de el representado de la defensora Claudia Rodríguez”.
Lo que sí acreditó la Fiscalía es la culpabilidad de otros dos empresarios, Fabián Gerli y Paola Cifuentes, aunque no por los sobornos que habrían pagado a funcionarios públicos sino por el delito de fraude de subvenciones.
Esto último, implica mínimas posibilidades de una pena efectiva de cárcel en la sentencia que se entregará el próximo 5 de mayo.
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