La delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, aseguró que están cumpliendo la orden de la Corte Suprema respecto a coordinar acciones para evitar ataques en sectores rurales de Alto Bío Bío. Lectura opuesta hicieron en la agrupación de víctimas de violencia, asegurando que el fallo apunta a adoptar nuevas medidas y no las ya implementadas.

El Gobierno aseguró que ya está cumpliendo el fallo dictado por la Corte Suprema, que ordenó a la Delegación Presidencial en la región del Bío Bío adoptar un plan contra la violencia rural en la zona del conflicto mapuche. El abogado de las víctimas, sin embargo, dijo que la instrucción de la justicia apunta a nuevas medidas y no las ya implementadas.

Se trata del segundo fallo en la misma línea; el primero fue dictado el año pasado en favor de los habitantes de la provincia de Arauco.

Ahora la Corte Suprema ordenó a la Delegación Presidencial aplicar medidas de seguridad en favor de un grupo de habitantes de Alto Bío Bío, los cuales fueron atacados en agosto de 2021, según la denuncia, por miembros de la Comunidad Pehuenche Callaqui.

Consultada la delegada Daniela Dresdner, y deslizando un cumplimiento adelantado de la resolución judicial, señaló que desde que llegaron al Gobierno han puesto en marcha distintas iniciativas en la línea de lo que apunta la sentencia de la Corte Suprema.

Representantes de víctimas de la violencia rural apuntan a la aplicación de nuevas medidas

Sin embargo, el abogado de las víctimas, Jorge Muñoz, junto con destacar el fallo, discrepó de la autoridad regional y explicó que lo que ordena la Corte Suprema son medidas nuevas, que deberán ser dictadas una vez que se notifique la resolución e informadas al tribunal en un plazo de 30 días.

La opinión de las víctimas de la violencia rural de Arauco no fue optimista sobre el pronunciamiento de la Suprema, señalando el vocero Fernando Fuentealba que en su caso lo ordenado por la justicia no ha sido cumplido.

El fallo obtenido por los habitantes de Alto Bío Bío se enmarca en un recurso de protección rechazado inicialmente por la Corte de Apelaciones de Concepción, a través de una resolución revocada por la Corte Suprema no solo en el fondo sino también enmendada en la forma debido a una serie de errores de redacción.