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La Fundación Yarur Bascuñán y la organización Duna Viva anunciaron que estudian acciones judiciales tras un reportaje de Reportea que reveló presuntas transferencias por $27 millones desde dos inmobiliarias, en un periodo en que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco fallaba causas relacionadas con esas empresas.
La investigación, publicada el jueves 15 de octubre, aborda pagos que habrían estado vinculados a Gonzalo Migueles, pareja de la entonces ministra, y que coincidirían temporalmente con la tramitación de asuntos judiciales ante el máximo tribunal.
Entre los casos mencionados figura la controversia por el proyecto inmobiliario Barrio Foresta, en Reñaca, que enfrentó cuestionamientos por sus efectos sobre el Bosque de Reñaca.
A raíz de estos antecedentes, la Fundación Yarur Bascuñán, que participó en la defensa ambiental del sector, manifestó su preocupación y planteó la necesidad de esclarecer si existió alguna relación entre los pagos descritos y las actuaciones judiciales.
Fundación evalúa acciones judiciales
La controversia por Barrio Foresta llegó a la Tercera Sala de la Corte Suprema, que en abril de 2021 resolvió la causa con la participación, entre otros integrantes, de la entonces ministra Ángela Vivanco.
Según los antecedentes difundidos por las organizaciones, el tribunal confirmó el rechazo del recurso relacionado con el proyecto.
A través de una información de prensa difundida este viernes, la Fundación Yarur Bascuñán sostuvo que los antecedentes publicados por Reportea son suficientemente graves como para exigir una investigación que permita determinar si existió alguna vinculación entre las transferencias y la tramitación de causas judiciales.
“Sería extremadamente preocupante que una investigación llegara a acreditar que, paralelamente, existieron gestiones indebidas destinadas a influir en una decisión judicial”, señaló Gabriel Muñoz, abogado de la organización.
Dudas sobre tramitación
Sin embargo, el profesional hizo hincapié en que la información periodística, por sí sola, no permite concluir que la sentencia relacionada con el Bosque de Reñaca haya sido obtenida irregularmente ni atribuir responsabilidades penales a las personas mencionadas.
En ese contexto, la fundación informó que examinará los antecedentes disponibles y evaluará las acciones judiciales que correspondan, incluida la posibilidad de intervenir en la investigación penal, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Asimismo, estudiará si existen fundamentos jurídicos para revisar las consecuencias de eventuales irregularidades que pudieran acreditarse en la tramitación de la causa.
Muñoz también advirtió sobre la necesidad de esclarecer los hechos para evitar dudas respecto de otros procesos ambientales relevantes. No obstante, precisó que la organización no cuenta con antecedentes que permitan afirmar que se hayan producido situaciones similares en otras causas.
Duna Viva pide esclarecer eventuales responsabilidades
En una línea similar, Duna Viva calificó los antecedentes del reportaje como de “gravedad excepcional” y anunció que estudiará las acciones jurídicas disponibles frente a los hechos expuestos.
La organización sostuvo que, de confirmarse los pagos que habrían llegado a manos de Gonzalo Migueles y las comunicaciones atribuidas a representantes vinculados a Inmobiliaria Argenta, la situación excedería una controversia estrictamente ambiental.
En su comunicado, Duna Viva planteó la posibilidad de hacerse parte en la investigación penal para que se esclarezcan las eventuales responsabilidades de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y de otras personas que pudieran aparecer involucradas.
También señaló que evaluará las vías jurídicas que correspondan respecto de las resoluciones judiciales relacionadas con el caso y de la actuación de los representantes y abogados de la inmobiliaria mencionados en la investigación periodística.
La organización advirtió que la defensa ambiental ya enfrenta importantes desigualdades económicas, institucionales y jurídicas, por lo que consideró fundamental determinar si existieron maniobras destinadas a influir indebidamente en una decisión judicial.
