El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que interpondrá recursos de protección y acciones civiles contra las empresas que estuvieron a cargo de la reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar, tras el megaincendio de febrero de 2024.
La decisión fue confirmada por el seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, Marcelo Ruiz, quien señaló que las acciones buscan restablecer los derechos de cientos de familias damnificadas.
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa que ha decidido interponer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de restablecer el derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas de El Olivar en Viña del Mar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras”, señaló la autoridad.
La medida se produce en medio de la pugna por la demolición de viviendas construidas tras la emergencia, luego de que se detectaran graves deficiencias estructurales en las obras.
Además, Ruiz informó el término de los contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián, entidades que enfrentan querellas por delitos como estafa, amenazas y tráfico de influencias.
Según explicó el seremi, la decisión cuenta con el respaldo de las familias afectadas del sector.
La determinación fue adoptada luego de que los propietarios fueran informados sobre “las graves deficiencias estructurales y los incumplimientos de la normativa sísmica y de resistencia al fuego” detectados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu (Ditec) y el Idiem de la Universidad de Chile.
Desde la cartera señalaron que las acciones judiciales buscan que se respete la voluntad de las familias que solicitaron no continuar retrasando el proceso de reconstrucción de sus viviendas.
En ese sentido, el Minvu advirtió que el proceso se encuentra paralizado debido a acciones judiciales interpuestas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos.
La situación afecta a 140 viviendas que presentaban distintos porcentajes de avance y contaban con autorización de demolición, además de otras 187 en las que todavía no se habían iniciado las obras.
Preocupante cifra de avance
Junto con anunciar las acciones judiciales, Ruiz dio a conocer las cifras de avance de las viviendas afectadas en El Olivar.
“De las 330 viviendas paralizadas por esta acción judicial, el 58% presentaba un avance de 0,1% a un 2,6%”, afirmó la autoridad.
Finalmente, el seremi recalcó que la cartera no aceptará que las familias damnificadas reciban viviendas con deficiencias.
“Como ministerio no vamos a normalizar la práctica de entregar casas parchadas o falladas a familias que están en condición vulnerable”, concluyó.
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