Corte acoge plan y da por iniciado desalojo de megatoma del cerro Centinela en San Antonio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución presentado por la Delegación Presidencial de Valparaíso y da por iniciado el proceso de desalojo de la megatoma ilegal del Cerro Centinela en San Antonio. Se trata de los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar.

Esto no quiere decir que el desalojo comenzará esta jornada o en los próximos días, ya que no hay una fecha en concreto. Lo que sí se establece es que se acogió el plan presentado por el Gobierno, en representación de la Delegación, para ejecutar el desalojo de este asentamiento irregular.

Fue la Sala de Cuenta del tribunal de alzada de Valparaíso la que se pronunció en esta materia, donde se estableció que “habida cuenta del Decreto de Expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del
inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso”.

Desalojo del 50% de la megatoma de San Antonio

El Gobierno ingresó el viernes y de forma reservada el Plan Operativo para el desalojo del 50% del asentamiento irregular. Son cerca de 2.200 las familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda y que, por tanto, estarían obligadas a dejar el terreno de la inmobiliaria San Antonio S.A. Será la Delegación la que defina la fecha exacta en que comience la desocupación del terreno tomado.

Previo a que la Corte de Apelaciones acogiera el plan, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, expuso que el desalojo sigue en curso y se hará uso de la fuerza pública respecto a las personas que se nieguen a dejar el lugar.

Para el desalojo se dispuso de albergues por parte del municipio para recibir temporalmente a las familias y, por otra parte, la coordinación operativa de Carabineros y la fuerza pública, con el fin de asegurar que el procedimiento se ejecute de manera segura.

Por su parte, el vocero y presidente de la Federación de Cooperativas adelantó que no serán consideradas las personas que no estén incorporadas en algún comité, que tengan una segunda vivienda o no estén catastrados.

El Gobierno debió reasignar recursos para concretar el plan habitacional para la megatoma, tomando el presupuesto de iniciativas de otras regiones que no se alcanzarán a realizar al 31 de diciembre de este año. No obstante, esta decisión ha generado diversas críticas de quienes acusan al Ejecutivo de avalar un acto ilegal como es la ocupación ilegal. Es más, desde la UDI evalúan presentar una acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes.

Proyecto habitacional para familias de megatoma

Para concretar el proyecto habitacional para las familias que formen parte de las cooperativas en la megatoma de San Antonio, se expropiará y adquirirá el lote 1-A del terreno, que corresponde a 100 de las 215 hectáreas.

El precio del terreno puede ser acordado con los propietarios o determinado por una comisión de peritos a partir de criterios técnicos, objetivos y de mercado, con mediación de los tribunales de justicia. En tanto, el desalojo se ejecutará, de manera gradual y responsable, en los terrenos que no serán expropiados.

El proyecto permitirá ofrecer una solución habitacional, en estas 100 hectáreas, a las más de 4 mil familias que actualmente residen en el campamento, en lotes debidamente urbanizados, con solución sanitaria.

En ese marco, las familias que decidan radicarse tendrán que aportar recursos, complementando los subsidios del Minvu, para costear de manera compartida el futuro proyecto habitacional.

Para ello, la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela viene implementando un plan de ahorro, que contempla, a fin de año, que cada familia tenga 1 millón 500 mil pesos y continúe en los meses sucesivos, asumiendo así desde un principio la corresponsabilidad en el financiamiento de la solución.

Asimismo, aproximadamente el 5% del suelo será destinado a usos de equipamiento de escala comunal y a la reserva de suelo para futuros proyectos habitacionales que incluyan a familias que no forman parte del campamento.