Parlamentarios y organizaciones sociales destacaron la implementación de la ley que penaliza el daño ambiental, a raíz del primer juicio oral en Chile bajo esta normativa, que involucra a un empresario que arriesga 8 años de cárcel por el corte de árboles y el relleno de un humedal en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos.
La Ley de Delitos Económicos y Medioambientales fue promulgada en 2023 y tiene como objetivo endurecer las sanciones contra quienes provoquen daños al entorno natural.
La semana pasada se inició el primer juicio oral en el país bajo la nueva normativa. En este caso, la Fiscalía de Los Ríos está solicitando 8 años de cárcel para un empresario que habría cortado árboles sin autorización en el sector Yeco de Mariquina, dañando un humedal cercano al río Lingue.
La aplicación de la ley fue cuestionada por la defensa, que indicó que se intenta exagerar la magnitud del daño. En tanto, desde el Ministerio Público justificaron su implementación al afirmar que se busca perseguir penalmente el daño ambiental.
Finalmente, tras escuchar los alegatos y testigos de la Fiscalía y la defensa, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó al empresario por el delito de atentado contra el medio ambiente.
Parlamentarios respaldan aplicación de ley que penaliza el daño ambiental
A raíz de este hecho y pese a las discrepancias, existe consenso entre los parlamentarios de Los Ríos respecto de la importancia de esta legislación.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, indicó que la normativa es una “señal clara” para terminar con la impunidad frente a los delitos ambientales. Además, aseguró que ayudará a disuadir este tipo de ilícitos.
En tanto, el diputado republicano, Leandro Kunstmann, destacó que permitirá evitar daños al entorno natural mediante el cumplimiento de las leyes y normas del país.
Organizaciones valoran efectos de la ley
La misma postura expresaron organizaciones sociales de la región de Los Ríos.
El representante del Colectivo Viento Sur, Manuel Rojo, recalcó que la nueva ley sienta un precedente al permitir juzgar a quienes incurran en daños ambientales.
Por su parte, la vocera del movimiento Río San Pedro sin Salmoneras, Ornela De Pablo, puso énfasis en la prevención y destacó que “los daños que se producen en estos ecosistemas pueden ser graves o, incluso, imposibles de revertir”.
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