El caso “Papaya Gate” sumará un nuevo capítulo judicial. De acuerdo con información exclusiva recabada por Diario El Día, la Fiscalía avanzará en una nueva audiencia respecto de cuatro de los involucrados en la cuestionada compra de terrenos realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo durante la administración de la exintendenta Lucía Pinto.
A casi seis años de que la cuestionada operación saliera a la luz pública, el Ministerio Público contempla reformalizar a Lucía Pinto y al gerente general de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta, por el delito de fraude al Fisco, mientras que el exadministrador regional, José Cáceres, será reformalizado por fraude al Fisco y negociación incompatible.
A ellos se suma Eduardo Espinoza, exjefe del Departamento Jurídico del GORE Coquimbo, respecto de quien la Fiscalía avanzará en su formalización por fraude al Fisco, luego de que no fuera incluido en la audiencia realizada en mayo de 2025.
La determinación se produce mientras continúa la investigación por la adquisición de terrenos en el sector de San Ramón, en La Serena, por un monto de $9.800 millones, operación que dio origen a una de las causas judiciales de mayor repercusión de los últimos años a nivel regional y nacional.
Consultada respecto de las razones detrás de la decisión de reformalizar a Pinto, Bracchitta y Cáceres, así como de los plazos que se manejan, desde la Fiscalía informaron que “los contenidos de la reformalización serán expuestos este 7 de septiembre”, cuando se desarrolle la audiencia.
“La Fiscalía espera culminar el plazo de investigación durante el mes de septiembre, aunque aquello quedará sujeto a si las defensas puedan solicitar nuevas diligencias, como hacer peticiones sobre los plazos de la investigación”, agregaron.
Desde el Ministerio Público indicaron que, hasta el momento, se mantienen las medidas cautelares vigentes para los imputados. De esta manera, Lucía Pinto continúa con firma mensual y arraigo nacional, mientras que José Cáceres mantiene arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. En tanto, Pablo Bracchitta permanece sin medidas cautelares.
La postura de la defensa
Ante este escenario, David Segall, abogado defensor de Pablo Bracchitta, aseguró a Diario El Día que “más allá de la decisión de reformalizar, que es una prerrogativa del Ministerio Público, lo importante es que está absolutamente claro que el Sr. Bracchitta no ejecutó ninguna conducta constitutiva de fraude al Fisco, lo que fue refrendado por el tribunal en la audiencia de formalización del año pasado”.
“Ahora que la investigación está próxima a concluir, confiamos en que la Fiscalía actuará objetivamente y tendrá presente que no existen antecedentes incriminatorios que ameriten seguir involucrándolo en esta causa”, recalcó.
Cabe agregar que, al cierre de esta edición, no fue posible contar con declaraciones de los abogados defensores de los otros involucrados, pese a los intentos realizados por Diario El Día para conocer su postura respecto de la decisión adoptada por el Ministerio Público.
El origen de la polémica
El denominado caso “Papaya Gate” se remonta a la adquisición de seis terrenos ubicados en el sector de San Ramón, en La Serena, por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, entonces encabezado por la exintendenta Lucía Pinto.
Dichos predios serían destinados a la construcción de un complejo deportivo, como compensación por los terrenos cedidos para el nuevo Hospital de La Serena, y fueron adquiridos por $9.800 millones. La operación generó cuestionamientos debido a que las primeras tasaciones, realizadas en enero de 2019, situaban el valor conjunto de las propiedades en torno a los $4 mil millones.
A las dudas sobre el valor pagado se sumaron las objeciones de la Contraloría General de la República, que cuestionó en reiteradas oportunidades la operación y la falta de antecedentes que permitieran justificar el precio.
Pese a ello, tras rescindirse el primer contrato, en julio de 2020 se suscribió uno nuevo que permitió concretar la compraventa sin someterla nuevamente al trámite de toma de razón.
En dicha operación participaron, entre otros, la exintendenta Lucía Pinto; el exadministrador regional José Cáceres; el exjefe del Departamento Jurídico del GORE Coquimbo, Eduardo Espinoza; y Pablo Bracchitta, gerente general del grupo Casas Para Siempre (CPS) y representante de las inmobiliarias propietarias de los terrenos.
El caso derivó en investigaciones administrativas y penales. En 2022, la Contraloría resolvió sanciones contra Pinto, Cáceres y Espinoza por infracciones graves al principio de probidad administrativa, mientras la arista penal continuó investigando las eventuales responsabilidades asociadas a la adquisición de los predios.
Tras años de indagatorias, Pinto, Cáceres y Bracchitta fueron formalizados en 2025 en la arista vinculada a la compra.
Ahora, la audiencia fijada para el 7 de septiembre abrirá una nueva etapa de la causa, con la reformalización de los tres imputados y la formalización de Eduardo Espinoza.
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