Rabat vuelve a justificar rebajas de condena invocando a la Suprema: "Es aplicación de la ley"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, volvió a defender las 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores concedidas durante el actual gobierno. En medio de las críticas, insistió en que la cartera aplicó la ley y siguió una interpretación respaldada por la Corte Suprema.

Su argumento apunta a la reforma de febrero de 2022 que excluyó estos delitos del beneficio. Según Justicia, esa prohibición no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigencia, porque significaría endurecer retroactivamente las condiciones de cumplimiento de la pena.

La explicación no ha cerrado la polémica: parlamentarios cuestionaron las decisiones, el PC buscará interpelarlo y la Defensoría de la Niñez pedirá antecedentes. El exministro Jaime Gajardo también reprochó que la actual gestión conceda directamente las rebajas, mientras su administración rechazaba las solicitudes y defendía esa posición ante tribunales.

Rabat insiste en su defensa ante rebajas de condena

“Lo que ha ocurrido acá es la aplicación de la ley. Existe un principio constitucional que impide aplicar retroactivamente la ley”, sostuvo Rabat este jueves.

El ministro volvió a apoyarse en la jurisprudencia del máximo tribunal para explicar las decisiones del ministerio.

“Esa interpretación se vio respaldada además por una doctrina en recurso de amparo en la Excelentísima Corte Suprema, y por eso es bueno que los parlamentarios hoy día promuevan un cambio legal en esa materia”, afirmó.

En simple, la cartera sostiene que no puede usar una ley posterior para quitarles a esos condenados una posibilidad de rebaja que existía cuando cometieron el delito.

La responsabilidad de Justicia

El secretario de Estado también señaló que “la rebaja la firma única y exclusivamente el ministro de Justicia”.

Frente a la pregunta de si se eximía de responsabilidad, respondió: “Quiero decirle, no es que no sea responsabilidad de la Corte Suprema, acá lo que ocurre es que hay un principio constitucional que debe respetarse”.

“No puede aplicarse retroactivamente la ley en perjuicio del imputado o condenado, y eso lo establece la Constitución”, agregó.

Aunque Rabat insiste en el respaldo judicial, las 56 rebajas no respondieron a órdenes individuales de la Suprema, según los antecedentes conocidos y la explicación previa del propio ministro. El ministerio de Justicia las concedió directamente aplicando el criterio de fallos dictados para otros casos.

La cartera ha defendido ese procedimiento por razones de eficiencia: sostiene que exigir nuevos recursos judiciales alargaría el trámite de beneficios que considera legalmente procedentes.

Interferencia reveló que Justicia dictó 56 decretos de reducción de condena entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación.

El ministerio aseguró a BioBioChile que los casos aprobados cumplen los requisitos y que no ha concedido rebajas por hechos de esa naturaleza cometidos desde el 9 de febrero de 2022.

Las nuevas declaraciones de Rabat reiteran la defensa jurídica del Gobierno, pero no detallan cómo se verificaron los requisitos en los 56 casos ni qué resguardos hubo para quienes sufrieron los delitos.