La idea de Carolina Tohá de que los presos agonizantes puedan pasar sus últimas horas en sus casas, incluidos los condenados por violaciones a los derechos humanos, abrió diferencias en la izquierda y la centroizquierda. Mientras algunos respaldan aplicar un criterio humanitario sin importar el delito, otros advierten que no corresponde equiparar los crímenes de lesa humanidad con otros.
La discusión surgió tras la muerte de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, quien padecía un cáncer terminal y falleció sin que alcanzara a resolverse la solicitud de indulto que reveló BioBioChile.
Su petición recibió respaldo de Republicanos, que también ha presionado por beneficios para uniformados condenados. El debate ocurre, además, a días del séptimo aniversario del estallido social.
En ese contexto, Tohá planteó una salida humanitaria, aunque descartó que deba depender de un indulto presidencial.
“El señor Aliste debió haberse ido en sus últimas horas a su casa y los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran poder seguir a su casa”, sostuvo. Agregó que esto debería ocurrir “sin necesidad de que el presidente intervenga, sin necesidad de indultarlo por su pena”.
Bassa y Campillai cuestionan el planteamiento de Tohá
El diputado Jaime Bassa (FA) fue uno de quienes rechazaron directamente las palabras de la exministra, las que calificó de equivocadas y políticamente irresponsables: “Es inaceptable que utilice el caso de Aliste Vega para abrir un debate sobre beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad”, señaló.
“La humanidad no puede convertirse en una excusa para relativizar delitos cometidos desde el propio Estado. Tohá debiera saber que en materia de derechos humanos no hay espacio para la impunidad”, añadió.
La senadora Fabiola Campillai también marcó una diferencia entre ambos tipos de delitos: “No son equiparables los crímenes cometidos por agentes del Estado con los delitos cometidos por particulares, del tipo que sean. Quien recibe la responsabilidad y la confianza de usar la fuerza pública, cuando comete un crimen abusando de esas facultades, no solo vulnera a una persona: traiciona a la sociedad que le confió ese poder”, sostuvo.
Campillai recordó los argumentos de salud utilizados por Augusto Pinochet y advirtió sobre los pactos de silencio y las redes de protección que, a su juicio, siguen dificultando el acceso a la verdad.
Los reparos también llegaron desde el PC. La diputada Lorena Pizarro calificó como “gravísimas las palabras de Carolina Tohá”, mientras Marcos Barraza defendió el cumplimiento íntegro de las condenas y rechazó beneficios que las alteren.
Las diferencias también cruzan a la centroizquierda
El senador Juan Luis Castro (PS) cuestionó expresamente la distinción planteada por Tohá, mientras Iván Flores (DC) sostuvo que “los criminales de lesa humanidad deben terminar sus días donde están, en la cárcel”.
Desde esa misma colectividad, Álvaro Ortiz expresó reparos a los indultos para condenados por estos delitos, pero también pidió revisar un sistema que depende de la decisión presidencial:
“Esto de los indultos es algo que yo revisaría, porque finalmente, si esto lo vamos a dejar solo al criterio o al arbitrio de quien conduce nuestro país según su color político, entonces siempre se va a estar generando esto. Yo creo que esto debe ser con reglas del juego claras desde un comienzo”, agregó.
Ortiz también pidió a Republicanos y al Partido Nacional Libertario que no utilicen la discusión para promover salidas indiscriminadas desde las cárceles.
Tohá, en tanto, encontró respaldo en el senador Pedro Araya (PPD), quien defendió la posibilidad de que personas con una condición terminal acreditada pasen sus últimos días en casa o en un hospital, mediante vías distintas del indulto.
Tohá pide un criterio que incluya a todos los presos
El planteamiento de la exministra apunta también a los internos por delitos comunes cuyos casos no reciben atención política.
“Está lleno de personas que mueren en las cárceles, que son delincuentes comunes y que no tienen ningún sector político preocupado de poner el caso de ellos arriba en la mesa y la actitud humanitaria debe ser con todos ellos también”, sostuvo.
“Lo que le hace bien (al país) es que seamos humanitarios con todo el mundo”, añadió.
La diferencia que quedó abierta es si ese criterio debe aplicarse también a condenados por crímenes de lesa humanidad y bajo qué condiciones, una discusión que se cruza con la presión por los indultos, pero que contempla decisiones distintas sobre el cumplimiento de las penas.
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