Campillai critica idea de Tohá de que condenados agonizantes, incluidos por DDHH, vayan a sus casas

La senadora Fabiola Campillai criticó la idea de evaluar beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos de avanzada edad, asegurando que sus crímenes “no son equiparables” a los cometidos por particulares.

Sus declaraciones se producen después de que la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) llamara a aplicar un criterio humanitario para que los presos agonizantes puedan pasar sus últimas horas en sus casas, incluidos los condenados por violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, dijo en El Mostrador, “sin necesidad de que el presidente intervenga, sin necesidad de indultarlo por su pena”.

Campillai cuestiona beneficios para condenados por violaciones a los DD.HH.

Ahora, Campillai apuntó contra la idea de la figura de la centroizquierda, indicando que “no son equiparables los crímenes cometidos por agentes del Estado con los delitos cometidos por particulares, del tipo que sean. Quien recibe la responsabilidad y la confianza de usar la fuerza pública, cuando comete un crimen abusando de esas facultades, no solo vulnera a una persona: traiciona a la sociedad que le confió ese poder”.

“Hoy la derecha intenta jugar al empate con un tema que ya vivimos en el pasado. Cuando el dictador Pinochet se vio acorralado por la justicia, alegó problemas de salud física y mental. Después salió caminando de una silla de ruedas, como si nada. Ese antecedente quedó marcado, y nos hace desconfiar de los argumentos de salud de cualquier agente del Estado condenado por violaciones a los derechos humanos”, apuntó.

En esa línea, dijo desconfiar de las razones que puedan invocar dichos condenados para optar a beneficios, indicando que “a eso se suman las redes de protección dentro de las instituciones, los pactos de silencio y los obstáculos para llegar a la verdad, que todavía existen”.

“Por supuesto, toda enfermedad real debe ser atendida con seriedad y evaluada como corresponde. Pero no podemos usar la salud de un condenado como moneda de cambio”, postuló.

“Reconocer esta diferencia no significa restar gravedad a los delitos comunes. Significa entender que los crímenes cometidos desde el poder del Estado tienen una responsabilidad adicional, y que garantizar su investigación, juicio y sanción es una obligación fundamental de toda sociedad democrática”, concluyó.