La minera Spence, perteneciente al grupo BHP, confirmó la acción civil contra el Sindicato de Operadores y Mantenedores de la compañía, a raíz de las paralizaciones registradas en julio de este año, las que considera contrarias a la legislación laboral.
A través de una declaración pública, la empresa defendió la decisión de recurrir a tribunales, argumentando que busca resguardar la seguridad de sus trabajadores, mantener relaciones laborales constructivas y garantizar la continuidad de sus operaciones.
La declaración se conoce luego de que se revelara que la compañía presentó una demanda de indemnización de perjuicios por $8.450 millones contra la organización sindical, por los daños económicos que atribuye a dos paralizaciones realizadas entre fines de junio y comienzos de julio.
Según informó BioBioChile, el conflicto se originó luego de que los trabajadores solicitaran un bono extraordinario de $5 millones por persona, beneficio que no estaba contemplado en el contrato colectivo vigente.
Spence defiende acción judicial contra sindicato
En su declaración, Spence advirtió que “no puede amparar paralizaciones que se desarrollan fuera del marco legal aplicable”.
La empresa vinculó directamente su acción judicial con las movilizaciones realizadas por el sindicato durante julio, aunque no entregó nuevos antecedentes sobre el desarrollo de la causa.
De acuerdo con los antecedentes de la demanda, las paralizaciones se desarrollaron entre el 30 de junio y el 1 de julio, y posteriormente entre el 7 y el 8 de julio.
La compañía sostiene que las interrupciones provocaron la pérdida de 567 toneladas de cobre fino y dos toneladas de molibdeno, con una valorización estimada de US$8,58 millones.
Spence argumenta que las movilizaciones se realizaron fuera de una negociación colectiva reglada y sin cumplir los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo.
Por su parte, el sindicato ha defendido las paralizaciones, señalando que se produjeron después de más de un año de propuestas y solicitudes que, según su versión, no recibieron respuestas oportunas de la compañía.
Por último, cabe destacar que la minera precisó que la acción judicial está dirigida contra la organización sindical y no contra sus trabajadores individualmente.
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