Minera Spence, perteneciente al grupo BHP, presentó una demanda de indemnización de perjuicios contra su Sindicato de Trabajadores, al que exige el pago de $8.450 millones por los daños que atribuye a dos paralizaciones realizadas durante julio de 2026, las que califica como “derechamente ilegales”.
De acuerdo al Diario Financiero, la acción judicial fue ingresada ante el Juzgado Civil de Antofagasta y apunta a las detenciones de funciones registradas entre el 30 de junio y el 1 de julio, y posteriormente entre el 7 y 8 de julio.
Según la demanda, las movilizaciones fueron convocadas por el sindicato para presionar a la compañía a pagar un bono extraordinario de $5 millones por trabajador, beneficio que no estaba contemplado en el contrato colectivo vigente.
El conflicto se originó en mayo, cuando la organización sindical solicitó una compensación económica vinculada a la disminución de los bonos de producción del año fiscal 2026 y a los resultados obtenidos por la minera.
En una carta del 29 de mayo, citada en la acción judicial, los trabajadores describieron el beneficio solicitado como una “petición de participación del ganancial que colaboramos en generar para la empresa”.
Sin embargo, el 30 de junio la compañía respondió que mantendría las condiciones establecidas en el contrato colectivo, sin acceder al pago extraordinario.
De acuerdo con la versión de Spence, tras esa respuesta, el sindicato convocó a sus afiliados a no presentarse a sus turnos, dando inicio a una paralización que se repetiría una semana después.
Spence acusa pérdidas de 567 toneladas de cobre
La minera sostiene que las movilizaciones provocaron importantes interrupciones operacionales.
Según los antecedentes presentados ante tribunales, 413 trabajadores se ausentaron durante la primera paralización y otros 350 en la segunda.
Las actas notariales acompañadas a la demanda dan cuenta de sectores sin personal y maquinaria detenida. Incluso, durante una de las jornadas, solo tres de los 34 camiones de la faena se encontraban operativos.
La compañía calcula que las paralizaciones interrumpieron durante 23 horas la producción de cátodos y por 26 horas la de concentrado.
Como consecuencia, estima una pérdida de 567 toneladas de cobre fino y dos toneladas de molibdeno, cuya valorización alcanzaría los US$8,58 millones, considerando el precio de venta del cobre obtenido por Spence durante julio.
La empresa precisó que su demanda contempla únicamente el lucro cesante, sin incorporar otros gastos asociados a las medidas de contingencia, como horas extraordinarias, traslados y alojamiento de personal.
Minera cuestiona legalidad de las paralizaciones
Uno de los principales argumentos de Spence es que las movilizaciones se realizaron fuera de los mecanismos establecidos en el Código del Trabajo.
La compañía sostiene que, al momento de las paralizaciones, no existía una negociación colectiva reglada en curso, ni se había realizado una votación o dado aviso a la empresa y a la Inspección del Trabajo.
Asimismo, afirma que el sindicato tampoco invocó el artículo 184 bis del Código del Trabajo, que permite interrumpir labores ante situaciones de riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores.
Por su parte, según recoge la demanda, la organización sindical defendió su actuación señalando que las movilizaciones fueron consecuencia de “más de un año de propuestas, reuniones y solicitudes” que no habrían recibido respuestas oportunas.
El sindicato también apeló a su autonomía sindical para justificar las medidas adoptadas.
Spence aclaró que la acción judicial está dirigida contra la organización sindical y no contra sus afiliados individualmente. Actualmente, el sindicato reúne a 1.082 trabajadores, equivalentes al 96% de la dotación de su estamento.
A través de una declaración pública, la minera sostuvo que mantiene un compromiso con sus trabajadores y sus organizaciones para resguardar la seguridad, promover relaciones laborales constructivas y asegurar la continuidad de sus operaciones.
En ese contexto, afirmó que “no puede amparar paralizaciones que se desarrollan fuera del marco legal aplicable”.
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