El senador independiente Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, defendió su decisión de respaldar la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast, pese a los cuestionamientos que había manifestado inicialmente contra la iniciativa.
En conversación con Mesa Central, el parlamentario explicó que su postura busca destrabar la tramitación de cerca de 30 proyectos de ley en materia de seguridad que permanecen pendientes en la comisión que encabeza.
“Yo estoy ayudando a destrabar una situación que nos permita llevar una agenda de seguridad“, sostuvo.
Bianchi descartó que su decisión responda a un acercamiento político con el Ejecutivo y aseguró que mantiene sus reparos a la propuesta constitucional. Sin embargo, advirtió que su discusión ha terminado por dificultar el avance de otras iniciativas.
“Yo tengo acá (…) montón de proyectos, cerca de 30 proyectos que tengo que tramitar en seguridad. Y estoy bloqueado por la agenda constitucional“, afirmó.
En ese sentido, reconoció que la reforma podría constituir una herramienta adicional para enfrentar la delincuencia, aunque descartó que su eventual aprobación represente, por sí sola, una solución a los problemas de seguridad del país.
Asimismo, aseguró estar dispuesto a asumir los costos políticos de colaborar con el Gobierno si ello permite avanzar en la agenda legislativa.
Los cambios a las penas sustitutivas que propone Bianchi
Uno de los puntos que el senador busca incorporar en las negociaciones es una modificación a la Ley 18.216, que regula las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
Su propuesta apunta a ampliar el catálogo de delitos que enfrentan restricciones para acceder a estas penas, incluyendo figuras como el secuestro extorsivo y el tráfico de armas.
Bianchi sostuvo que esta modificación tiene incluso mayor relevancia para él que la propia reforma constitucional, debido a la necesidad de revisar las condiciones en que personas condenadas por determinados delitos pueden cumplir sus penas fuera de establecimientos penitenciarios.
Bianchi cuestiona dichos de embajador de EEUU sobre soberanía chilena
Durante la entrevista, el senador por Magallanes también abordó la controversia generada por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respecto de la soberanía nacional sobre el Estrecho de Magallanes y la Antártica.
El parlamentario calificó los dichos del representante diplomático como provocativos e insultantes, defendiendo la autonomía del país frente a las potencias extranjeras.
“Chile no requiere de ningún padrino para esto. Un país como Chile, que es pequeño versus un país grande, su dignidad no la va a definir el tamaño del país. Nuestra soberanía no vale un centímetro menos que la de Estados Unidos“, manifestó.
Bianchi también expresó su deseo de que el embajador estadounidense sea reemplazado, aunque reconoció que las decisiones diplomáticas corresponden al Ejecutivo.
Pese a valorar la respuesta entregada por Chile frente a la controversia, insistió en que la defensa de los intereses nacionales debe trascender las afinidades políticas entre gobiernos.
“Las sintonías políticas con Trump o con Milei son sintonías que se dan porque hay gobernantes que piensan parecido, pero eso es momentáneo. Pero nuestra soberanía, la defensa de nuestros intereses, la dignidad de nuestro país, esa es permanente y esa no se transa”, enfatizó.
Advierte falta de recursos para vigilancia del Estrecho de Magallanes
El senador también manifestó su preocupación por la falta de recursos destinados a la vigilancia marítima en Magallanes, considerando la importancia estratégica que está adquiriendo el estrecho.
“¿Y dónde está el presupuesto para Magallanes, para el control marítimo del estrecho, o lo vamos a transformar en un corredor para narcotráfico?“, cuestionó.
En esa línea, advirtió que la insuficiencia de recursos para las policías y el control marítimo podría aumentar los riesgos de seguridad en la zona austral.
Finalmente, Bianchi planteó que la defensa de la soberanía nacional no debe limitarse al despliegue militar, sino que también requiere inversiones en infraestructura, conectividad, servicios públicos y mejores condiciones de vida para quienes habitan las zonas extremas del país.
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