Las bancadas de oposición anunciaron la creación de una Comisión Especial Investigadora para fiscalizar los eventuales conflictos de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de antecedentes publicados sobre mecanismos impulsados por el Gobierno para acelerar la tramitación de permisos ambientales de dos proyectos vinculados al secretario de Estado.
La instancia será solicitada por las diputadas y diputados de los comités del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Liberal, quienes buscan esclarecer la eventual participación de Quiroz en decisiones relacionadas con iniciativas que, según reportajes de Ciper, habrían avanzado pese a contar con informes negativos del Sernageomin.
Uno de los proyectos cuestionados es Alto Santorini, en Concón, cuya propiedad estaría ligada al hermano del ministro. El segundo corresponde a una planta de producción de sales de potasio en el Salar de Atacama, perteneciente al Grupo Errázuriz, empresa para la cual Quiroz participó en 2025 en la elaboración de un estudio a través de su entonces consultora Quiroz & Asociados.
Diputados cuestionan falta de registros
El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa sostuvo que los antecedentes conocidos generan dudas respecto de la transparencia y probidad de las actuaciones del ministro.
“Las actitudes del ministro Quiroz están generando serias dudas respecto a la transparencia y probidad de alguna de sus actuaciones que podrían indicar tráfico de influencias o incluso conflictos de interés”, afirmó.
Bassa también cuestionó la creación de nuevos mecanismos para acelerar la obtención de permisos ambientales, asegurando que no existirían actas ni documentos públicos que permitan conocer los acuerdos o recomendaciones adoptados.
“Esto nos lleva a activar los mecanismos de fiscalización que tenemos como diputados y diputadas y a fiscalizar las acciones del ministro y la proyección que éstas tienen respecto de las actuaciones de empresas privadas que afectarán gravemente al medio ambiente”, agregó.
En el caso de Alto Santorini, la oposición apunta al nuevo sistema de monitoreo de tramitación ambiental y al Comité de Proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), coordinado desde Hacienda e integrado por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente.
Según los parlamentarios, dicho comité no contaría con actas o registros públicos de sus sesiones, criterios de priorización ni acuerdos, antecedentes que buscan esclarecer mediante la comisión.
También apuntan a proyecto en el Salar de Atacama
Respecto del proyecto del Grupo Errázuriz, los diputados cuestionan que tampoco existan actas o registros sobre eventuales recomendaciones y que no se conozcan antecedentes que den cuenta de una eventual declaración de conflicto de interés.
A ello se suma que Quiroz participó en 2025 en la elaboración de un estudio para dicho proyecto junto al actual funcionario de Hacienda encargado de monitorear las iniciativas en tramitación ambiental. Ambos integraban entonces la consultora Quiroz & Asociados.
La eventual Comisión Investigadora buscará determinar si existieron irregularidades en el funcionamiento del Comité de Proyectos del SEIA y del sistema de seguimiento creado durante la gestión de Quiroz.
Asimismo, los parlamentarios pretenden conocer los criterios utilizados para priorizar proyectos, las razones por las que no existirían actas, informes y registros públicos de las sesiones, y establecer si el ministro tuvo alguna incidencia en las resoluciones relacionadas con las iniciativas cuestionadas.
Finalmente, la oposición buscará revisar el cumplimiento de las normas de probidad, abstención y declaración de intereses por parte del ministro de Hacienda y sus asesores.
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